14 c) se ha adoptado una serie de medidas en cuanto a programas de protección y cooperación para proteger a diversos miembros de la población, por las cuales se busca garantizar su derecho a la integridad, a la vida, a ejercer su profesión y su actividad ciudadana dentro de los parámetros que ordena la Constitución y la Ley; d) dentro de la legislación nacional se creó el nuevo Código Penal Militar, la Ley No. 522; la Ley No. 554 sobre la desvinculación de los menores del servicio de las fuerzas militares de Colombia y así dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño; la Ley No.589 sobre desaparición forzada, genocidio y desplazamiento; el nuevo Código Penal y la aprobación de la Convención de Ottawa sobre minas antipersonales; e) por conducto de la Vicepresidencia de la República se han impulsado múltiples acciones específicas para la Comunidad de San José de Apartadó, tales como: instalación de reflectores en el alumbrado de la Comunidad de San José y en La Unión; envío de radios de comunicación y mejoramiento de la carretera, que se ha venido impulsando con la Municipalidad, la Alcaldía y la Red de Solidaridad Social. Este tipo de acciones reafirman el compromiso estatal con la Comunidad de San José de Apartadó. Colombia está en plena capacidad de contribuir y concretar la realización de dichas medidas directamente y de avanzar en ese diálogo con la Comunidad; f) el Ministerio del Interior ha dado seguimiento a la Comunidad de Paz desde su creación. Ha coordinado acciones con las autoridades locales, en especial con la alcaldía. Se ha brindado asistencia humanitaria a los desplazados, en coordinación con el municipio y con la gobernación, y también asistencia técnica a la población. Se ha respetado la posición de la Comunidad de Paz y se ha trabajado con la fuerza pública para que la seguridad que se brinde a esta Comunidad sea de carácter perimetral, sin perjuicio de que aquélla ingrese a la comunidad en caso de que sea necesario. Tanto el Ministerio del Interior como la Oficina de Derechos Humanos consideran que la seguridad dada a la Comunidad de San José de Apartadó debe ser concertada. En ese sentido, las peticiones se han respondido a través de la Red de Solidaridad Social. Asimismo, el Ministerio ha dispuesto una suma de treinta y cinco millones de pesos con el fin de presentar a la Comunidad un proyecto, a fin de que sea evaluado y estudiado, para hacer talleres de distensión entre las autoridades y la Comunidad para el restablecimiento de la confianza entre la Comunidad y las autoridades. A esto se suma la política de acabar con cualquier compromiso o vínculo que pueda existir entre miembros de la fuerza pública y de las autodefensas; la intención de hacer talleres de capacitación en solución alternativa de conflictos, y la revisión del trabajo en materia de justicia en la Comunidad, respetando sus mecanismos de autocontrol. También se pretende diseñar un sistema de alertas tempranas que tiene que ser concertado entre la Comunidad y la fuerza pública, para que sea efectivo; g) una comitiva, integrada por representantes de Procuraduría General de la Nación, de la Fiscalía General de la Nación y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó a las autoridades locales de San José de Apartadó con miras a impulsar investigaciones por los hechos ocurridos en abril del año pasado y febrero y julio de este año. Esto permitió, frente a los hechos de abril del año 1999,