-98- f) el Estado deberá brindar tratamiento médico y psicológico a los familiares de las presuntas víctimas, durante el tiempo que lo requieran; g) al realizar los cálculos del daño material se debe tener en cuenta que el Estado depositó tres millones de nuevos soles a favor de los herederos legales de las víctimas en este caso; h) al realizar los cálculos del daño emergente se debe tener en cuenta, además, que las actividades de búsqueda de justicia han ocupado gran parte de las vidas de Gisela Ortiz Perea, Antonia Pérez Velásquez, Raida Cóndor y Dina Flormelania Pablo Mateo, e i) al realizar los cálculos del lucro cesante debe tomarse en cuenta que nueve de las presuntas víctimas eran estudiantes y, en un período aproximado de dos años, presumiblemente ingresarían al mercado laboral. Por otra parte, el señor Hugo Muñoz Sánchez era catedrático principal de La Cantuta. En total, solicitaron a la Corte que ordene al Estado la indemnización por concepto de lucro cesante por US$ 408.136,10145. 196. Finalmente, las representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado que reintegre los gastos y costas en las que incurrió APRODEH desde 1992, tanto a nivel interno, como ante el sistema interamericano, de acuerdo con el monto que la Corte fije en equidad. Asimismo, CEJIL habría incurrido en gastos durante más de siete años en el sistema interamericano, que ascienden a una cantidad aproximada de US$ 29.710,46. Alegatos del Estado 197. El Estado manifestó que: a) ha pagado una indemnización de tres millones de soles a favor de los familiares de las presuntas víctimas entre 1996 y 1998. En tal sentido, ha cumplido con indemnizar adecuadamente a dichos familiares; b) viene impulsando la investigación de los hechos, procurando la identificación de todos los responsables y su sanción de acuerdo a ley. En particular, se incluye la cuestión de la autoría intelectual o de quienes habrían emitido órdenes para la comisión de delitos internacionales. En el terreno judicial e institucional, además de reconocerse el derecho a la verdad en el plano individual se reconoce como un derecho de la colectividad. Asimismo, manifestó que en el proceso penal peruano, el acto de lectura de sentencia es público y siendo el juzgamiento del presente caso de notoriedad e interés público, se difundirá naturalmente el resultado del proceso; c) el 21 de junio de 2006 el Estado, a través del Presidente de la República, ofreció perdón a las autoridades de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, La Cantuta, con ocasión de una condecoración que le confirió dicho centro de estudios. Esta es una medida concreta y reciente, difundida a través de los medios masivos de comunicación. Corresponde a la Corte pronunciarse acerca de si este acto es una medida reparatoria equivalente o próxima a la solicitada. Más aún, no es admisible intentar comprender un acto dirigido a una persona jurídica dentro de las medidas de no repetición; d) existe una política de Estado en aras de lograr la reconciliación nacional. El informe Final de la CVR forma parte de ello. Asimismo, se ha creado la Comisión