26 trate, no divulga información sobre procesos judiciales, pues los periodistas pueden verse expuestos a amenazas. En Guatemala existe el recurso de exhibición personal para garantizar la libertad e integridad física de las personas; sin embargo, cuando se trata de casos de violaciones de derechos humanos, “escasamente tienen algún éxito” y muchas veces depende de la presión que el accionante logre ejercer. Existe un procedimiento especial de averiguación, el cual se aplica una vez agotado el recurso de exhibición personal, y consiste en que la Corte Suprema de Justicia designa al Procurador de los Derechos Humanos, a alguna persona o a alguna organización de derechos humanos para que realice la investigación. Sin embargo, tal procedimiento “no ha tenido resultados positivos”, por ser muy formalista. Existió en Guatemala una práctica de desapariciones forzadas que por lo general culminaba en la muerte de los desaparecidos, para dar la apariencia de que no existían prisioneros políticos. La Constitución de la República y el Código Militar establecen un fuero militar. Después de 1996, se reformó el orden jurídico para que los delitos y faltas comunes cometidos por militares fueran conocidos por tribunales civiles. Los procesos penales tramitados ante el fuero militar antes de esa reforma no resultaban ser imparciales y eficaces. Las condenas impuestas en la justicia ordinaria por violaciones a los derechos humanos son muy pocas, y de las existentes ninguna obra contra algún militar de alto rango o funcionario del gobierno. La única excepción ha sido el caso de Michael Devine. El caso Bámaca Velásquez es un ejemplo más de impunidad en la administración de justicia guatemalteca. En este caso, aparte de no haberse encontrado los responsables, no se han hallado los restos de Bámaca Velásquez porque “se cambiaron los cuerpos”. A raíz de los Acuerdos de Paz se formó una Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, integrada por personas de diferentes sectores de la sociedad, la cual ha desarrollado, en su opinión, un trabajo positivo en áreas como la independencia judicial, el cual verá resultados a mediano o largo plazo, pues en el presente existen “algunos defectos que todavía no permiten [contar con] un Poder Judicial independiente”. Dentro de los problemas que existían en la justicia guatemalteca se cuentan: que los jueces, quienes en algunos casos eran incapaces, eran designados por períodos cortos; que quienes conocían de casos de derechos humanos sufrían amenazas; y que el acceso a la justicia era muy caro, con lo cual existía marginación de los sectores pobres. Actualmente sigue existiendo temor entre fiscales y jueces de involucrar a oficiales del Ejército en causas de derechos humanos por lo que “pudiera sucederles a ellos en su vida personal o familiar”. Hay que “desarticular todo un poder paralelo [pues mientras] el Ejército continúe con una presencia [en el] poder político será difícil avanzar”. Las personas que presentan denuncias o que comparecen como testigos en casos que involucren a agentes del Estado no reciben la protección necesaria. Además, se ha visto a los activistas de derechos humanos como personas “vinculadas a la subversión” y “protectores de los delincuentes” y han sufrido hostigamientos. * * *