31 Estados Unidos de América y con el Ministro de Defensa de Guatemala, pero no obtuvo resultados sobre el paradero de su esposo. Ante la respuesta negativa de las autoridades guatemaltecas, decidió iniciar una huelga de hambre frente a un establecimiento militar, la cual se extendió durante siete días. Al regresar a Washington D.C., se había despertado un gran interés por su caso en las altas esferas políticas, e inclusive se trasladó a Ginebra en 1994 para reunirse con Mónica Pinto, Relatora Especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Guatemala, todo lo cual generó “mucha presión internacional”. En enero de 1994 reinició las conversaciones por seis meses con el Ministro de Defensa de Guatemala, General Mario Enríquez, quien le dijo que ellos nunca habían tenido a su esposo, pero que iban a iniciar un rastreo en la zona. Asimismo sostuvo reuniones con varios militares, quienes establecieron que era “un mal entendimiento (sic) muy trágico, pero nunca lo tuvi[eron]”. Además, se reunió con el Jefe de la Policía Nacional, señor Cifuentes, quien mostró gran interés en investigar el caso, pero temía la acción de los militares, a tal punto que llegó a renunciar a su cargo. En junio de ese año se le empezaron a cerrar las puertas. Temía por la vida de su esposo debido a la firma de los Acuerdos de Paz, pues consideraba que los militares ya no iban a requerir más información de éste. Acudió a las oficinas de la OEA, y después de las Naciones Unidas, pero el Ejército mantenía “una posición de desafío internacional”. En estas circunstancias, la primera semana de octubre de 1994 inició otra huelga de hambre que se extendió por 32 días, frente al Palacio Nacional, en la cual estaba dispuesta a llegar hasta la muerte, y que como consecuencia le produjo daños en el corazón, en los riñones y problemas a la vista. El Ejército ejerció amenazas contra su persona y acompañantes. Después, conjuntamente con Richard Nuccio, funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en Guatemala, iniciaron investigaciones del caso, pero con poco éxito. A la altura del día 30 de la huelga, funcionarios del Ejército la llamaron para asistir a una exhumación en la localidad de Coatepeque al día siguiente; aunque sabía que sería inconducente, acudió. El objetivo de los militares era debilitar aún más su salud para poder llevarla al hospital y terminar con esa huelga de hambre. En determinado momento, el programa 60 minutos de la CBS anunció que la Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala no había dado a Jennifer Harbury información de la captura de Bámaca Velásquez a pesar de la existencia de un reporte de la CIA. Dos días después dicha Embajada emitió una declaración señalando que, de acuerdo con la información de inteligencia de su gobierno, Bámaca Velásquez había sido capturado por el Ejército y mantenido como prisionero en secreto por un tiempo indefinido. La divulgación de esta información motivó que levantara la huelga de hambre. Abrieron un proceso penal por iniciativa del Procurador General de la Nación, un procedimiento especial de averiguación por parte del Procurador de los Derechos Humanos y se designó una Comisión de Investigación por iniciativa del Presidente de la República. Esta última fue inefectiva y como consecuencia de los dos primeros procesos tuvo que responder a algunos interrogatorios durante su huelga de hambre de 32 días.