39 Participó como miembro del Equipo de Antropología Forense de Guatemala en otro intento de exhumación relacionado con el caso Bámaca Velásquez, realizado en un destacamento militar conocido como La Montañita o Las Cabañas. Dicha diligencia se intentó realizar en 1995, a solicitud de la Fiscalía del Ministerio Público, pero “no pudo llevarse a cabo”, pues se presentaron abogados representantes del Ejército de Guatemala quienes consideraron que no se cumplían los requisitos necesarios para realizar la diligencia. Intentaron llevar a cabo la diligencia una segunda vez, con la presencia del fiscal especial Julio Arango, y después de un día de labores, de nuevo abogados del Ejército suspendieron la diligencia, por considerar que no cumplía los requisitos necesarios. En un estudio preliminar, el Equipo de Antropología Forense de Guatemala estableció un período aproximado de cuatro semanas, como plazo para la realización de la fase arqueológica del estudio. Realizaron un nuevo intento de exhumación en Las Cabañas con “la nueva fiscal” asignada al caso, pero cuando se dio la orden de iniciar las excavaciones, se vieron impedidos de continuar por la aparición de un oficial del Ejército, quien ordenó detener la diligencia, “porque algo [...] en los documentos consideraba que no estaba bien”. Al día siguiente, la fiscal consiguió otros documentos con el juez, y nuevamente los abogados del Ejército encontraron que no se cumplían los requisitos por lo que no se pudo proseguir. La fiscal que los acompañó era Shilvia Jerez, quien murió acribillada en 1998. Dos miembros de su organización, Andrés Kauffman y Federico Reyes López, fueron objeto de amenazas, hechos que fueron denunciados a las autoridades correspondientes en su debida oportunidad. Posteriormente estas amenazas condujeron a que la Comisión Interamericana otorgara medidas cautelares en su beneficio. No es simpatizante de la URNG. g. Testimonio de Patricia Davis, abogada estadounidense, ex miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala. Acompañó a Jennifer Harbury a una exhumación en Retalhuleu el 17 de agosto de 1993, en condición de testigo y observadora internacional de derechos humanos. Llegó a Guatemala el 24 de julio de ese año con el propósito de colaborar con Harbury en diferentes trámites y, al mismo tiempo, buscar apoyo a la idea de que los prisioneros de guerra deben recibir un trato humano y ser colocados en lugares de acceso público. Durante esos días Harbury le manifestó que tenía temor de que la publicidad de la búsqueda de su esposo y los preparativos para realizar la exhumación pudieran causar la muerte de Bámaca Velásquez, en caso de permanecer éste todavía detenido. Aún así, conservaba la esperanza de volver a verlo con vida. Acudió ante el Juez de Paz junto con Harbury la semana anterior a la exhumación para tramitar la diligencia. Asimismo, tuvo la oportunidad de revisar un expediente judicial sobre el hallazgo de un cuerpo en el río Ixcucua, el cual correspondía a la descripción del cuerpo dado por el señor de León Carpio en carta que envío a la URNG, salvo por el hecho de que el cuerpo no tenía cicatrices. También examinaron el informe de la autopsia original hecha a ese mismo cuerpo, realizado 24 horas