Pinzón114, Nicolás Alberto Ossa Suaza115, Familia Lozano116, Omaira de Jesús Echavarría de Pulgarín117 y Osfanol Torres Cárdenas118. Asimismo, la Comisión toma nota que Derechos con Dignidad se refirió en el mismo escrito a hechos respecto del señor Sofronio de Jesús Hernández Gómez119, quien no figura en el listado de Reiniciar de 2013. 114 La parte peticionaria Derechos con Dignidad afirmó que Manuel Álvaro Fernández Pinzón fue miembro de la JUCO y del PCC antes de pertenecer al grupo de fundadores de la UP. Indicó que en 1986 el señor Fernández fue nombrado como alcalde del municipio de Segovia, departamento de Antioquia por la UP, pero que debido a las constantes amenazas que recibió, debió renunciar a su cargo con el fin de proteger su vida. Señaló que dentro de las amenazas recibidas por el señor Fernández se encontraban las del grupo MRN, Muerte a Revolucionarios del Nordeste. Derechos con Dignidad señaló que el 30 de noviembre de 1988 aproximadamente a las 8 a.m., cuando el señor Fernández salía de su casa ubicada en el barrio la América del municipio de Medellín, fue interceptado por un hombre armado el cual le propinó 5 disparos que inmediatamente acabaron con su vida. La parte peticionaria Derechos con Dignidad, indicó que la investigación por el asesinato de la presunta víctima se encontraba bajo la instrucción de la Fiscalía 90 Especializada de Derechos Humanos y DIH de Medellín para el 2016. Señaló que constaba en el proceso penal, la certeza sobre la pertenencia de la presunta víctima a la UP y sobre las amenazas que recibió. Afirmó que obraba en el proceso penal un panfleto fechado de mayo de 1988 en el que el MRN amenazó a los líderes de izquierda, manifestando que las horas de los alcaldes de Apartadó, Yondó, Segovia, Mutatá y Remedios, estaban contadas. 115 La parte peticionaria Derechos con Dignidad afirmó que Nicolás Alberto Ossa Suaza perteneció al sindicato de trabajadores de las Empresas Públicas de Medellín y paralelamente al partido UP. Indicó que el señor Ossa fue víctima de constantes amenazas y que debido a esto debió dormir durante algunas noches en la casa de un vecino para no poner en riesgo a sus familiares. Derechos con Dignidad indicó que el 23 de abril de 1991 en el municipio de Envigado, mientras el señor Ossa se encontraba realizando labores de trabajo, un hombre desconocido le disparó hasta causarle la muerte. Afirmó que estos hechos se encontraban en el 2016 en etapa de instrucción bajo el conocimiento de la Fiscalía 47 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, con radicado 3299; proceso en el que se probó la pertenencia de la presunta víctima a la UP. 116 La parte peticionaria Derechos con Dignidad informó que Alfonso Miguel Lozano Pérez inició su vida como activista de la UP y del sindicalismo en el municipio de Puerto Nare. Derechos con Dignidad señaló que el 30 de marzo de 1987, cuando la presunta víctima se encontraba en la esquina de la escuela de la Sierra en Puerto Nare, fue acribillado por sicarios. Asimismo, la parte peticionaria indicó que Alfonso Miguel Lozano Barraza fue simpatizante de la UP en el municipio de Puerto Nare. Señaló que poco tiempo después del asesinato de su hijo, la familia Pérez comenzó a recibir amenazas en contra de su vida e integridad, debido a que estaban estigmatizados en la región como miembros y simpatizantes de la UP. Derechos con Dignidad afirmó que el 10 de octubre de 1987, hombres armados pertenecientes a las Autodefensas interceptaron el bus de servicio público en el cual se transportaba el señor Alfonso Lozano Barraza, padre de Lozano Pérez, que se dirigía del municipio de Puerto Berrío a Segovia. Indicó que detuvieron al señor Lozano Barraza en presencia de su nuera y de su nieto, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. La parte peticionaria Derechos con Dignidad indicó que los hechos son investigados por la Fiscalía 91 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, bajo el radicado 9241, para el 2016 en etapa de instrucción. Afirmó que el proceso se encontraba pendiente de categorización para ser declarado de lesa humanidad, dentro de un contexto de un plan criminal destinado a exterminar a los dirigentes de la UP y del Sindicato de Trabajadores de Cementos Nare. Señaló que dentro del proceso se encuentra vinculado Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias Vladimir, jefe paramilitar, quien manifestó que para la época de los hechos, en el municipio de Puerto Nare los sindicalistas e integrantes de la UP eran considerados objetivo criminal. 117 La parte peticionaria Derechos con Dignidad indicó que Omaira de Jesús Echavarría de Pulgarín fue militante de la UP e integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria. Señaló que el 29 de junio de 1996 la señora Echavarría, quien vivía en el municipio de Apartadó, fue baleada por un grupo de sicarios pertenecientes a las autodefensas y quienes se desplazaban en el pueblo con total libertad, incluso frente a los puestos del Ejército Nacional y el Comando de Policía. Derechos con Dignidad manifestó que la investigación penal por el homicidio de la presunta víctima se encontraba en 2016 “conexada junto con otros 30 homicidios de integrantes de la Unión Patriótica acaecidos bajo el mismo contexto de sistematicidad y generalidad de exterminio en contra de los integrantes de partidos de izquierda ocurrido en la región de Urabá durante los años 1995-1996”. Indicó que así lo había documentado la Fiscalía 33 de Análisis y Contexto en el radicado 073. Señaló que dentro de la investigación penal constaba la militancia de la señora Echavarría en la UP y la relación de su homicidio con dicha militancia. 118 La parte peticionaria Derechos con Dignidad afirmó que Osfanol Torres Cárdenas fue militante activo de la UP e integrante del sindicato de Empresas Públicas de Medellín. Indicó que el 31 de enero de 1998, mientras Osfanol se encontraba en una reunión en la sede de la acción comunal del barrio 12 de octubre de la ciudad de Medellín, irrumpieron en el recinto dos sicarios, al parecer integrantes de grupos paramilitares, quienes asesinaron a la presunta víctima. Derechos con Dignidad informó que en el 2016 la investigación penal por el homicidio del señor Torres se encontraba bajo conocimiento de la Fiscalía 121 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, bajo el radicado 5771 en etapa de instrucción. Señaló que obra en el expediente de la investigación penal prueba de la militancia del señor Torres en la UP y de que este había denunciado ante la Policía Metropolitana amenazas en su contra. 119 La parte peticionaria Derechos con Dignidad afirmó que Sofronio de Jesús Hernández Gómez fue concejal del municipio de Turbo por la UP para el periodo 1985-1987. Indicó que una vez terminada su labor, fue elegido como diputado suplente a la Asamblea Departamental de Antioquia, del también diputado por la UP, Gabriel Jaime Santamaría Montoya. Derechos con Dignidad afirmó que el señor Hernández tuvo que exiliarse junto a su familia en Panamá, puesto que fue víctima de varios atentados contra su vida. Señaló que el 22 de abril de 1995, la presunta víctima fue asesinada en Panamá por un grupo de sicarios colombianos que llegaron hasta el club de equitación Clayton, en donde se encontraba, y le dispararon hasta causarle la muerte. 29