32 g) Peritaje de Federico Andreu Guzmán, especialista en derechos humanos El perito, con base en legislación interna, en disposiciones y documentos internos de las Fuerzas Militares, en investigaciones judiciales y disciplinarias, en informes y sentencias de organismos internacionales, describió la evolución histórica del vínculo operacional existente entre los paramilitares y el ejército. Al respecto manifestó que, “[a] lo largo de la década del 90, el proyecto paramilitar, como estrategia de control territorial y poblacional permanente y complementario de la política contrainsurgente de las Fuerzas Militares, se afianzó a lo ancho de la geografía colombiana. Ciertamente, el accionar paramilitar ha sido rentable en términos bélicos como políticos para las Fuerzas Militares: la obtención de un máximo de violencia con un bajo costo político para la institución armada.” Asimismo, consideró que “[l]a impunidad de las violaciones de derechos humanos ha sido una de las constantes de la acción gubernamental a lo largo de estas décadas.” Entre los mecanismos y prácticas que han permitido la impunidad, el perito destacó el incumplimiento de las órdenes de captura, las amenazas y atentados contra el Poder Judicial y los órganos de investigación, la atribución de facultades de policía judicial a las fuerzas militares, la extensión de la jurisdicción penal militar a casos de lesa humanidad, la ambigua acción gubernamental contra los paramilitares, la ausencia de una política de saneamiento y depuración de las Fuerzas Militares, y la presencia de mecanismos legales de impunidad como el Decreto 128 de 2003. Además, el señor Andreu declaró que, “a lo largo de 20 años, h[a] llegado a la conclusión que en todas esas zonas, donde cohabitan los paramilitares que coinciden siempre a zonas de alta concentración de efectivos militares, con sistemas altamente sofisticados en materia de telecomunicaciones, transporte, etc., [le] hacen concluir que es imposible materialmente pensar que los paramilitares puedan moverse sin la complicidad, o la connivencia, el apoyo logístico de información, de inteligencia por parte de las fuerzas militares.” Respecto de “las víctimas que presentan denuncias [manifestó que éstas] son objeto de permanente hostigamiento, [y que han] tenido casos también de no solamente de hostigamiento, sino […] que han conducido a la muerte. Ha sido una característica, si uno mira la mayoría de los casos que han llegado a una instancia internacional, que han [tenido] más presión de cara a las autoridades nacionales, la mayoría de esos casos, los familiares han tenido que ser evacuados al exterior […]”. Asimismo, este hostigamiento trae “un efecto muy perverso, […] instaura el síndrome del terror y como el costo es tan alto, para obtener justicia de verdad y reparación, que es el costo de las mismas víctimas, muchas víctimas se inhiben de denunciar. […] Ante esa situación [existe] la dificultad que pueden tener algunos investigadores que quieren realmente hacer justicia y esclarecer los hechos.” A partir de 1989 el grado de sevicia contra las víctimas es mayor, con casos de decapitaciones, mutilación, incineración, etc. Este fenómeno tiene dos objetivos: aumentar el terror en comunidades pequeñas y desaparecer la prueba para evitar la investigación de la Fiscalía. El perito sugirió la revisión de la doctrina militar y de las fuerzas militares, así como una política de depuración y saneamiento en dichas fuerzas, y la redefinición de