20. Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presunta víctima a Eduardo Benjamín Colindres, respecto de quien El Salvador se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que El Salvador es un Estado parte en la Convención Americana, desde el 23 de junio de 1978, fecha en que se depositó el instrumento de ratificación respectivo. Por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. 21. La Comisión es competente ratione materiae porque los peticionarios alegan violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana. 22. La Comisión posee competencia ratione loci, ya que las violaciones de derechos alegadas ocurrieron dentro del territorio de un Estado parte de la Convención Americana. La Comisión posee competencia ratione temporis, porque desde la fecha de iniciación de los alegados hechos ya estaba en vigor para el Estado salvadoreño la obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados en el Convención Americana. B. Otros requisitos de admisibilidad 1. Agotamiento de los recursos internos 23. El artículo 46.1 de la Convención Americana establece como requisito de admisibilidad de un reclamo el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna del Estado. Los peticionarios argumentaron que la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 5 de noviembre de 1999 que negó el amparo interpuesto para remediar las presuntas violaciones al debido proceso ocurridas en el trámite de destitución, determinó el agotamiento de los recursos previstos en el derecho interno salvadoreño. El Estado confirmó lo indicado por los peticionarios. En consecuencia, la Comisión considera que se cumplió el requisito estipulado en el artículo 46.1.1 de la Convención Americana. 2. Presentación en plazo de la petición 24. El artículo 46.1.b de la Convención establece que toda petición debe presentarse dentro de un plazo de seis meses contado a partir de