26 Fuerzas Armadas y al señor Montesinos. Obtuvieron resoluciones favorables por parte de “dos de las pocas juezas honestas del Poder Judicial”. La jueza Greta Minaya firmó la resolución el 10 de mayo, la que se dio a conocer el 11. El 12 de mayo, fue cambiada de cargo sin razón alguna. La otra jueza emitió una resolución similar, firmó su dictamen el 12 de mayo, lo dio a conocer ese mismo día y el 13 del mismo mes fue también cambiada de cargo. Con respecto a la campaña de desprestigio, los diarios sensacionalistas tenían una influencia directa por parte del Ejército. Se demostró que habían llegado, vía fax, varios titulares a uno de estos periódicos amarillistas, provenientes de la oficina del señor Bresañe, relacionista público de la Comandancia del Ejército. Simultáneamente aparecían los mismos titulares en los periódicos, lo cual hacía obvia su procedencia. Por otra parte, un grupo de trabajadores de El Chato renunció y denunció, con pruebas, que el propietario de este periódico recibía hasta US$6.000,00 (seis mil dólares de los Estados Unidos de América) por titular publicado, el cual llegaba al periódico, el que a su turno debía inventar la noticia correspondiente. La idea era exhibir esos periódicos como afiches en los puestos de venta. Otro método utilizado fue la publicación de un periódico apócrifo, llamado República. Para ello copiaron la tipografía y logotipo del diario La República y empezaron a regalar ejemplares en los que atacaban a los periodistas y al propietario del diario original. La investigación de una institución estatal demostró que este diario se editaba y distribuía a través de dos periódicos amarillistas comprometidos en esta campaña. A pesar de haber identificado la fuente, nunca hubo una investigación fiscal ni judicial, aun cuando se estaba cometiendo delito al publicar el diario apócrifo. Era notorio el interés por controlar la televisión. Para ello se utilizaba mecanismos económicos contra las empresas. La Superintendencia de Administración Tributaria era particularmente estricta con quienes eran críticos del Gobierno, y extremadamente liberal con quienes no lo eran. La publicidad estatal fue la más importante en 1999 y la primera mitad de 2000, debido a la crisis y a la recesión, pero fue usada con propósitos políticos y de presión sobre los medios; a los adeptos al Gobierno se les daba información privilegiada y a los medios críticos no se les daba ni siquiera la información que debía ser pública. La actuación del aparato judicial también tuvo efecto intimidatorio sobre el resto de los propietarios de medios, que se atemorizaban cuando se privaba a alguno de ellos de la propiedad de su medio. Estos casos se presentaban en forma sistemática, no aisladamente. En el plan del golpe de 1989, que no se dio sino hasta 1992, quedó previsto que se debía coordinar “con los responsables, empresarios y promotores de los medios de comunicación, la autocensura y el marco de accionar que les es permitido en esta coyuntura”. Desde diciembre de 1996, existieron el Plan Octavio, el Plan Bermuda y el Plan Narval. Una de las consecuencias de las denuncias periodísticas de esos planes fue la búsqueda de quienes los habían “filtrado” a la prensa. Las consecuencias más obvias fueron las torturas a la agente de Inteligencia Leonor La Rosa y el descuartizamiento de la agente Mariela Barreto. No se trataba de una teoría, sino de planes concretos para aplicar esta política de control sobre los medios de comunicación. Como éstos, hubo varios ejemplos más.