única obligación justiciable en el sistema interamericano bajo esta norma. Así, la Comisión afirma que teniendo
en cuenta el marco interpretativo del artículo 29 de la Convención Americana, el artículo 26 visto a la luz de los
artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, se desprenden, al menos las siguientes obligaciones inmediatas y
exigibles: i) obligaciones generales de respeto y garantía, ii) aplicación del principio de no discriminación a los
derechos económicos, sociales y culturales, iii) obligaciones de dar pasos o adoptar medidas para lograr el goce
de los derechos incorporados en dicho artículo y iv) ofrecer recursos idóneos y efectivos para su protección.
Las metodologías o fuentes de análisis que resulten pertinentes para cada una de estas obligaciones, deberán
ser establecidas según las circunstancias propias de cada caso.
118.
En relación con los componentes exigibles e inmediatos de la obligación de dar pasos o
adoptar medidas, el Comité DESC ha indicado, por ejemplo, que la adopción de medidas por sí misma no se
encuentra limitada o condicionada a otras consideraciones; por ello, si bien el logro de la realización efectiva
de los derechos podrá ser paulatino, la adopción de medidas o providencias para tales efectos deben ser
deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible a su cumplimiento. El Estado además tiene
obligaciones básicas que deben satisfacer niveles esenciales de tales derechos, las cuales no están sujetas al
desarrollo progresivo sino que son de carácter inmediato111.
119.
Sobre los contenidos del derecho a la salud, en sintonía con el corpus iuris internacional
relativo al derecho a la salud identificado por la Corte 112 , el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales ha señalado que todos los servicios, bienes e instalaciones de salud deben cumplir con requisitos de
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad113. Tanto la Comisión como la Corte han tomado en cuenta
estos conceptos y los han incorporado al análisis de diversos casos114.
120.
La aceptabilidad implica que los establecimientos y servicios de salud deberán respetar la
ética médica y los criterios culturalmente apropiados. Además, deberán incluir una perspectiva de género, así
como de las condiciones de ciclo de vida del paciente 115 y deberán estar concebidos para respetar la
confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate116. En relación con la salud sexual
y reproductiva, el respeto a la intimidad y confidencialidad de los datos sobre la salud son imprescindibles y
hacen parte de las obligaciones básicas de los Estados para respetar este derecho117, a su vez, para asegurar el
elemento de disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva los Estados deben velar por que los
proveedores y personal médico estén debidamente calificados y capacitados para la atención específica de
mujeres y niñas118. La Corte IDH también ha considerado que “la falta de salvaguardas legales para tomar en
consideración la salud reproductiva puede resultar en un menoscabo grave [de] la autonomía y la libertad
reproductiva” 119 . Asimismo la falta de información como la existencia de ciertas prácticas, actitudes y
estereotipos, tanto al interior de la familia y la comunidad así como del personal que trabaja en los
establecimientos de salud pueden operar como barreras para el acceso de las mujeres a servicios de salud
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, Observación general 3: La índole de las obligaciones de los
Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto),1990. En ese sentido ver: CIDH. Informe sobre pobreza y derechos humanos en las
Américas OEA/Ser.L/V/II.164 Doc. 147 (7 de septiembre de 2017) párrs. 236 y 237.
112 Corte IDH. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349. Párr.
114 y ss.
113 ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Número 14, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000,
párr. 12.
114 CIDH. Informe No 2/16. Caso 12.484. Fondo. Cuscul Pivaral y otros. Guatemala, 13 de abril de 2016, párr. 106; Corte IDH. Caso Poblete
Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349. párr. 120.
115 Corte IDH, Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 349,
párr.121.
116 Comité de Derechos Econó micos, Sociales y Culturales, Observación general No 14 (2000) “El derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud, párr.12.
117 Comité de Derechos Econó micos, Sociales y Culturales, Observación general No 22 (2016) “Relativa al derecho a la salud sexual y
reproductiva”, párrs. 40 y 49.d.
118
Comité de Derechos Econó micos, Sociales y Culturales, Observación general No 22 (2016) “Relativa al derecho a la salud sexual y
reproductiva”, párrs. 13, 25-29.
119 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 28 de noviembre de 2012. Serie C No. 257. párr.147
111
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