las autoridades legales. En 1996, Moiwana ’86 presentó una solicitud formal
al Fiscal General, de conformidad con el Código de Procedimientos Penales de
Suriname, para que se investigara la masacre.
Al no recibir ninguna
respuesta, presentaron al Presidente de la Corte de Justicia una solicitud
formal para que se investigara, quien a su vez la remitió al Fiscal General; sin
embargo, no se llevó a cabo ninguna acción adicional.
Moiwana ’86 solicitó al gobierno que rechazara la ley de amnistía que se
adoptó en 1992, porque consideraron que era un medio para legalizar la
impunidad. El testigo también cree que la ley misma afectó negativamente la
actitud de la policía para investigar las violaciones de derechos humanos
ocurridas en el período que va desde 1985 hasta 1992-93, que son los años
que se encuentran cubiertos por la ley.
Muchos de los que colaboraron con Moiwana ’86 recibieron amenazas y
tuvieron que salir del país. El testigo fue arrestado cuatro veces; asimismo,
sufrió un atentado contra su vida, el cual lo obligó a salir de Suriname.
Según su conocimiento, las autoridades nunca investigaron el intento de
homicidio. Los esfuerzos por investigar el caso Moiwana han implicado
riesgos porque “no hay muchas personas en el sistema a quienes les gustaría
que se sigan haciendo averiguaciones sobre este asunto”. Como resultado,
fue “muy difícil garantizar seguridad a las personas, garantizar protección
frente a gente que uno no puede controlar”.
De todos los casos de derechos humanos que Moiwana ’86 manejó durante el
tiempo que el testigo trabajó ahí, él no puede recordar uno solo que haya
llegado a la etapa de juzgamiento y sanción – a pesar de que los casos que
fueron traídos ante la Corte Interamericana, Aloeboetoe y Gangaram Panday,
tuvieron como resultado que se otorgara compensación a las víctimas.
El testigo ha trabajado con los sobrevivientes del ataque desde 1987,
incluyendo los refugiados en la Guyana Francesa. Los demás sobrevivientes
se localizan en Suriname, en las ciudades de Paramaribo y Moengo. Desde
esa época, él y otras personas han visitado a estos individuos para asistirlos y
encontrarles un lugar temporal donde pudieran quedarse. Moiwana ’86 ha
incluido representantes de los sobrevivientes en sus actividades: “al menos
tres miembros de ese grupo participaron permanentemente en nuestras
actividades relacionadas con Moiwana”.
Asimismo, cuando el testigo y
Moiwana ’86 presentaron ante las autoridades judiciales denuncias y
solicitudes para que los hechos ocurridos se investigaran, fueron claros en
señalar que lo hacían en nombre de los sobrevivientes.
Estas denuncias y solicitudes buscaban una investigación penal, no una acción
civil ni compensación. Esto es así porque la única posibilidad de investigar
efectivamente las violaciones en Moiwana era dirigiéndose a las autoridades
estatales. Como organización de derechos humanos, Moiwana ’86 trató de
iniciar la investigación penal mediante la comunicación con las instituciones
estatales apropiadas, “para ayudar al Estado con sus obligaciones de defender
los derechos”. Por esta razón, los sobrevivientes de Moiwana no han iniciado
el proceso civil aún; sólo han buscado una investigación penal, después de la
cual se pueden presentar acciones civiles.
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