La justicia es un concepto central en la sociedad N’djuka tradicional; en
efecto, una de las principales instituciones de la vida diaria es la reunión del
concejo, que es el medio de resolución de los conflictos de cualquier
naturaleza dentro de la comunidad. La institución también tiene dimensiones
espirituales, ya que se cree que los ancestros participan en las reuniones del
concejo, lo que da a sus decisiones una legitimidad particular. En el contexto
de la masacre en Moiwana, los valores tradicionales determinan que esto se
debe manejar a nivel colectivo; simples esfuerzos individuales no serían
suficientes. Para que un problema tan grave pueda ser resuelto, se requiere
la ayuda de la comunidad como un todo. En efecto, en la medida que pasa el
tiempo y el conflicto no es resuelto, esto afectará a más y más personas y
grupos dentro de la sociedad.
Los individuos adquieren con el nacimiento los derechos a la tierra al ser
miembros de varios grupos familiares – y cada uno de estos grupos tiene sus
propios mecanismos legales, a través de los cuales se distribuyen y activan
estos derechos. Los derechos a la tierra en la sociedad N’djuka en realidad
existen en varios niveles, van desde derechos de toda la comunidad étnica
hasta los derechos del individuo. Los mayores derechos a la tierra están
depositados en todo el pueblo; estos derechos se consideran perpetuos e
inalienables. Si hubiera una disputa sobre límites, esto sería decidido en
consulta con los ancianos y jefes de la aldea. De conformidad con su
tradición y con la norma consuetudinaria, aunque los residentes de Moiwana
no han ocupado su tierra por al menos 18 años, mantendrían derecho sobre
esa área.
Sin embargo, en general no hay un reconocimiento del Estado de la ley
consuetudinaria tradicional de los Maroons; ha existido a través de los siglos
como un sistema autónomo, de facto.
Sólo aspectos menores están
reconocidos, tales como algunas autoridades locales dentro de las
comunidades.
Tuvo la oportunidad de entrevistar, en diciembre de 1986, refugiados en la
Guyana Francesa que habían huido recientemente de Moiwana. “[E]staban
tremendamente angustiados; estaban en shock; estaban desorientados”. De
hecho, estuvo en contacto con muchos que no podían hablar en absoluto. No
sólo estaban traumatizados, sino que a veces estaban físicamente exhaustos
por haber corrido durante días en el bosque.
Finalmente, el perito explicó que el sistema N’djuka tradicional de derecho
consuetudinario contempla varias medidas para remediar ofensas, tales como
disculpas públicas y ceremonias, por un lado, y compensación material, por el
otro. Un esquema apropiado de reparaciones en este caso requeriría llegar a
un acuerdo satisfactorio para el pueblo N’djuka; esto es, que se provea
medidas de conformidad con sus propias normas consuetudinarias y
tradiciones. Ciertamente, sería extremadamente importante que el Estado
creara las condiciones para garantizar su regreso seguro a Moiwana. Para
lograr el regreso, sin embargo, el primer paso crítico sería una investigación
de los hechos ocurridos el 29 de noviembre de 1986. Los sobrevivientes
necesitan saber por qué ocurrieron las muertes y cómo se hará responsables
a los perpetradores de ellas.
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