e) en 1989 se inicio una investigación penal, sin que hubiera sido promovida por las presuntas víctimas o los peticionarios; sin embargo, en ese momento ���la democracia todavía no era estable” y, como resultado, el clima no era el apropiado para llevar a cabo una investigación suficiente; f) en agosto de 2002 se reinició una investigación penal, sobre los hechos del 29 de noviembre de 1986, que se está llevando a cabo de conformidad con las normas legales nacionales, con el propósito de juzgar y sancionar a los culpables; g) la situación política en Suriname es adecuada para un enfoque estructurado de la investigación penal en el caso Moiwana, así como de otros hechos que ocurrieron durante los ochentas y principios de los noventas. Se ha establecido un equipo de oficiales de investigación liderado por un fiscal en jefe; h) las presuntas víctimas y sus familiares tenían y tienen todavía la oportunidad de invocar y ejercer el derecho a un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo para la protección de sus derechos; i) la manera más efectiva de obtener una compensación por daños es el proceso civil. El Código de Procedimientos Civiles surinamés ofrece a todos la oportunidad de iniciar un acción civil; aunque se pudo haber entablado una acción de esas características contra el Estado, esto no se ha hecho en el presente caso; j) la Oficina de Asistencia Legal del Ministerio de Justicia y Policía provee asistencia legal a personas de bajos recursos económicos; k) el peticionario original, Moiwana ’86, conoce la referida posibilidad para obtener justicia, dado que dicha organización inició, a nivel nacional, una acción en contra del Estado para declarar que la Ley de Amnistía de 1989 no es obligatoria; l) a través de la Ley de Amnistía de 1989 no se han violado derechos de individuos. “Si el Estado renuncia al juzgamiento de ciertas personas […] o difiere el juzgamiento hasta un momento adecuado, lo que hace es diferir o renunciar al uso de ciertos medios para ejecutar o proteger […] derechos”; m) un Estado tiene tanto el derecho como la autoridad para “diferir o renunciar al uso de ciertos medios para hacer cumplir la ley”, cuando el uso de tales medios implicaría comprometer otros intereses importantes que forman parte de las responsabilidades del gobierno, tales como asegurar la paz y el orden; n) al redactar la Ley de Amnistía de 1989 “el legislador no tenía en mente la impunidad de los posibles perpetradores de los hechos en Moiwana”; o) la Ley de Amnistía de 1989 no es contraria al derecho internacional, dado que otros Estados han otorgado amnistías similares, “con la cooperación de la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Unidad Africana”; 61