8 generado contra la víctima, por lo que “esta resolución [en la práctica,] daría por cumplido el punto resolutivo correspondiente”. Reiteraron que el Estado peruano no ha cumplido con otorgar la beca de estudios universitarios en las condiciones expresadas por Luis Alberto Cantoral Benavides ni ha sugerido otra alternativa; que el Estado ha cumplido con la publicación de la parte resolutiva de la sentencia de 18 de agosto de 2000 en el diario oficial, con fecha 3 de febrero de 2002, más no con la publicación de la misma en otro diario de circulación nacional y que el Estado si cumplió con la celebración de un acto de desagravio público reconociendo su responsabilidad en el caso. Asimismo, los representantes de la víctima manifestaron su preocupación por la extensión de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público sin que arribe a resultados concretos, permitiendo que los responsables de las violaciones de los derechos humanos, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, sigan en la impunidad y “realicen acciones de amedrentamiento en contra de la víctima”. Finalmente, manifestaron su preocupación por la negligencia del Estado peruano en cumplir con todas las medidas de reparación ordenadas por la Corte en su sentencia y solicitaron a la Corte ordene al Estado: “1) Publi[car] la sentencia de fondo emitida por la Corte en este caso en un diario de circulación nacional. 2) Otor[gar] a Luis Alberto Cantoral la beca de estudios en condiciones que previamente sean acordadas con él. 3)Proce[der] a anular o informe sobre la anulación de la sentencia condenatoria dictada contra Luis Alberto Cantoral Benavides. 4) Impuls[ar] seria y decididamente la investigación orientada a identificar y sancionar a los responsables de los hechos ocurridos en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides”. 22. La nota de la víctima de 22 de agosto de 2003 en la cual informó que a la fecha el Estado no le ha otorgado la beca de estudios ordenada por la Corte, por lo que ha tenido que postergar sus estudios superiores. En razón de ello, la víctima solicitó la adopción de “medidas más fuertes” por parte de la Corte y sugirió “que todos los gastos que generen los estudios así como la manutención y los gastos que devengan de dichos estudios sean evaluados (por mis abogados y por la […] Corte) y darle un valor monetario”, ya que consideró esta es la “única manera que el Gobierno cumpla realmente con este punto de manera cabal”. 23. La nota de los representantes de la víctima de 18 noviembre de 2003 mediante la cual informaron que el 7 de noviembre de 2003 la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima declaró “el archivo definitivo de la investigación seguida contra los presuntos responsables de la violación de los derechos humanos cometidos por agentes de Estado peruano en agravio de Luis Alberto Cantoral Benavides”. 24. La nota de los representantes de la víctima de 25 noviembre de 2003 mediante la cual informaron que el 20 de noviembre de 2003 dichos representantes interpusieron un recurso de queja contra la resolución emitida el 7 de noviembre de 2003 por la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima que declaró “el archivo definitivo de la investigación seguida contra los presuntos responsables de la violación de los derechos humanos cometidos por agentes de Estado peruano en agravio de Luis Alberto Cantoral Benavides” y, presentaron una copia de la página nueve de la edición de fecha 25 de noviembre del diario “PERU 21” en la que se informa la decisión del Fiscal de desestimar la impugnación realizada por los mencionados representantes.