25. Agregaron que la Asociación interpuso acción de amparo contra tales resoluciones, la cual fue resuelta favorablemente por el Tribunal Constitucional el 10 de mayo de 2001, disponiendo su inaplicación y ordenando reponer la causa al estado de ejecución de sentencia, recobrando validez la resolución de 21 de enero de 1997. 26. Señalaron que en cumplimiento de esta decisión, el 11 de abril de 2002 el Sexagésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima emitió resolución mediante la cual ordenó requerir a la SUNAT y al Ministerio de Economía y Finanzas, para que en el término de 10 días procedieran a dar estricto cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional. Añadieron que este requerimiento fue reiterado el 30 de mayo y el 24 de junio de 2002. 27. Indicaron que ante el incumplimiento de la sentencia y a solicitud de los peticionarios, el 25 de septiembre de 2002 el mismo Juzgado dispuso oficiar al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal, así como al Congreso de la República para denunciar a los funcionarios que gozan del beneficio de antejuicio y acusación constitucional. Detallaron que mediante la misma decisión se dispuso la Especializada de Derecho Público, emitió una resolución indicando que quien había presentado la demanda había sido la Asociación, sin haber determinado o individualizado a sus integrantes. Asimismo, señaló que aunque se había establecido el derecho a percibir pensión de jubilación o cesantía al amparo del Decreto Ley 20.530, y se había ordenado la reposición de dicho derecho, incluyendo la nivelación con los trabajadores activos de la SUNAT, así como el pago de los incrementos dejados de percibir, para viabilizar la ejecución de la sentencia (sic) “cabe tener en cuenta en primer lugar que el fallo de la Corte Suprema de Justicia tiene carácter declarativo y constituye cosa juzgada en cuanto restableciendo las cosas al estado anterior al de la demanda, dispone la inaplicación y restitución de los derechos, derivados de los alcances de la Tercera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo 673, esto es en los extremos de la transferencia de la obligación del pago de pensiones al Ministerio de Economía y Finanzas. En segundo lugar que en auto, si bien es cierto la acción ha sido entendida con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, estas dependencias no han sido directamente demandadas, sin embargo por encontrarse involucradas en el cumplimiento de la norma legal, tienen responsabilidad en sus efectos, al igual que en su oportunidad corresponda a la Oficina de Normalización Previsional por efecto de la expedición del Decreto Legislativo 817 que aprueba la Ley del Régimen Previsional a cargo del Estado y que rige desde el veintiocho de abril de mil novecientos noventiseis. Con este antecedente, al viabilizar la ejecución en el caso corresponde que cada uno de los agremiados de la actora, debidamente individualizados instrumenten ante la entidad administrativa que mantenga el acervo documentario de sus pensiones, los pertinentes procesos en los que idóneamente se permita el ajuste de liquidaciones y el cabal cumplimiento de sus derechos reconocidos jurisdiccionalmente en esta sede”. Esta decisión declaró nula la resolución que ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas el cumplimiento de la sentencia. 13