-34La Municipalidad la despidió, conjuntamente con otros 230 trabajadores, al ser declarada
“excedente” en un “mal llamado” proceso de evaluación de personal. No tuvo conocimiento del
resultado de los exámenes, ni en qué había fallado.
Como consecuencia del despido interpuso una acción de amparo a través del SITRAMUN.
Después de varios meses de litigios, obtuvo una sentencia favorable, lo que significó una gran
satisfacción, porque pensó que “se había hecho justicia y que iba a volver a trabajar, iba a poder
reiniciar la educación de sus hijos, cubrir las necesidades apremiantes que [tenían]”. Sin
embargo, el Alcalde de Lima no cumplió las sentencias judiciales que ordenaban la “devolución de
los derechos laborales”, lo que le generó “gran frustración” e “impotencia”. Los trabajadores
cesados se vieron obligados a hacer vigilias, marchas y recurrir a los medios de comunicación, al
Congreso de la República, a la Iglesia Católica y a la Defensoría del Pueblo. Sentía ira y gran
impotencia, ya que en su país “no hay justicia y el poder judicial es incapaz de hacer cumplir sus
propias sentencias”. Se sentía derrotada y le daba “rabia” saber que la Municipalidad gastaba
miles de dólares en abogados para impedir que se cumplieran las sentencias que hubieran podido
cambiar su vida.
El cese que sufrió en octubre de 1996 la desestabilizó económicamente y moralmente. En
septiembre de 1999 le fue diagnosticado un quiste de la mama, pero no pudo obtener
tratamiento, y en el 2001 le comunicaron que tenía cáncer de mama. La testigo se refirió a las
dificultades que afrontó por no tener un seguro médico, lo que la obligó a acogerse al sistema de
seguro particular. En julio de 2002, “cuando se enteraron de que se iba a operar”, “le pagaron
sus renumeraciones adeudadas de octubre, noviembre y diciembre de 1995”. Para sobrevivir
tuvo que pedir dinero prestado a sus familiares. Debido a que fue despedida a los 44 años, le fue
imposible conseguir otro trabajo similar o siquiera estable. Se vio obligada a vender cosméticos y
comida de forma ambulante. Tampoco ha podido proporcionar la atención médica necesaria a
una hija que está enferma, y tiene una “pena inmensa” por no haber podido sufragar los estudios
superiores de sus dos hijas menores. Hubo un momento en el cual “quería morir por los males
de salud que tenía y por el terror de dejar a sus hijas menores de edad completamente
abandonadas”. Tuvo que recurrir a la ayuda de un psicólogo.
La testigo solicita que “la justicia internacional repare todo el daño que se les ha causado”.
2.
Juan de Dios Berrospi Pérez, presunta víctima
Ingresó a trabajar a la Municipalidad de Lima el 22 de agosto de 1974. En el momento del
despido trabajaba como Auxiliar de oficina en la Dirección de Ecología y su última renumeración
fue de S/. 1,500, equivalente aproximadamente “a unos $480 dólares actuales”.
A partir de enero de 1996 se desestabilizaron las relaciones entre la Alcaldía de Lima y el
Sindicato de trabajadores. En marzo de 1996 fueron despedidos 186 trabajadores. A partir del 1°
de abril de 1996 el sindicato declaró una huelga indefinida por la reposición de los trabajadores
despedidos y por la restitución de los derechos laborales. “En represalia” el alcalde despidió a
cerca de 500 trabajadores. Ante ello el testigo “se apartó de las huelgas y se reincorporó a las
labores”. En octubre 1996 la alcaldía impuso una evaluación de personal con declaración de
excedencia. El testigo aprobó la evaluación y 231 trabajadores fueron declarados excedentes y
despedidos. Un mes después, “inexplicablemente y fuera de lo que dice la Ley”, la Municipalidad
programó otra evaluación de personal para diciembre, la cual no aprobó. Fue despedido “injusta
y abruptamente” en diciembre de 1996 por causal de excedencia, junto con otros 300
trabajadores.
Interpuso una acción de amparo, conjuntamente con otros 42 trabajadores despedidos. Un año
después obtuvieron una sentencia favorable. Sintió la frustración “más grande de su vida” al ver