fuese necesario y apropiado;
i) mantenerse mutuamente informadas sobre la aplicación del presente Convenio y eliminar, en
la medida de lo posible, los obstáculos que puedan oponerse a dicha aplicación.
94. El Convenio establece que “las autoridades judiciales o administrativas de los Estados contratantes
actuarán con urgencia en los procedimientos para la restitución de los menores”, y que “si la autoridad judicial
o administrativa competente no hubiera llegado a una decisión en el plazo de seis semanas a partir de la fecha
de iniciación de los procedimientos, el solicitante o la Autoridad Central del Estado requerido, por iniciativa
propia o a instancia de la Autoridad Central del Estado requirente tendrá derecho a pedir una declaración sobre
las razones de la demora” (artículo 11).
95. Así, el artículo 12 establece:
Cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido previsto en el
artículo 3 y, en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o
administrativa del Estado contratante donde se halle el menor, hubiera transcurrido un periodo
inferior a un año desde el momento en que se produjo el traslado o retención ilícitos, la
autoridad competente ordenará la restitución inmediata del menor.
La autoridad judicial o administrativa, aún en el caso de que se hubieren iniciado los
procedimientos después de la expiración del plazo de un año a que se hace referencia en el
párrafo precedente, ordenará asimismo la restitución del menor salvo que quede demostrado
que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente. (…).
96. Como excepciones a la restitución internacional, el artículo 13 establece que:
No obstante, lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del
Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución
u otro organismo que se opone a su restitución demuestra que:
a) la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no
ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido
o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención; o
b) existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o
psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable.
La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del
menor si comprueba que el propio menor se opone a la restitución, cuando el menor haya
alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulte apropiado tener en cuenta sus
opiniones.
Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades
judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del
menor proporcione la Autoridad Central u otra autoridad competente del lugar de residencia
habitual del menor.
97. El Convenio de La Haya de 1996 sobre Protección de Niños 100 establece en su artículo 7 que:
1. En caso de desplazamiento o retención ilícitos del niño, las autoridades del Estado contratante
en el que el niño tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su desplazamiento o su
retención conservan la competencia hasta el momento en que el niño adquiera una residencia
habitual en otro Estado y:
a) toda persona, institución u otro organismo que tenga la guarda acceda al desplazamiento o a
la retención; o
b) el niño resida en este otro Estado por un periodo de al menos un año desde que la persona,
institución o cualquier otro organismo que tenga la guarda conozca o debiera haber conocido el
100 Convenio de 19 de octubre de 1996 Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia
de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños.
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