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En el caso de la Comunidad Awas Tingni, ésta ya había iniciado un arreglo
contractual con una compañía de capital dominicano llamada MADENSA, Maderas y
Derivados de Nicaragua, que establecía las bases de lo que pudiera ser una forma de
explotación maderera que tomara en cuenta la participación de los habitantes de la
zona.
Básicamente, lo que no se usa, lo que no se reclama, lo que no tiene un manejo
adecuado, está abierto, en el caso específico de la Costa, a invasión por colonos, a
transformación de bosques en áreas agrícolas, y así es como, desgraciadamente,
Nicaragua y otros países de la región han perdido gran parte de sus bosques.
Para conservar los recursos a través de la actividad forestal es necesario que ocurran
tres cosas. Primero, que la operación forestal sea técnicamente sustentable, es
decir, que la explotación no exceda la capacidad que tiene el bosque de regenerarse
naturalmente. Segundo, que existan los elementos para que la operación sea
económicamente rentable, es decir, viable económicamente.
Tercero,
específicamente para el caso de los bosques en América Latina donde hay una gran
cantidad de poblaciones rurales que viven alrededor de éstos, es indispensable que
sea viable socialmente, que exista el apoyo social y el marco legal que se requiere
para que estas operaciones, aunque sean técnicamente exitosas y económicamente
viables, no atenten contra derechos que puedan tener las comunidades que habitan
en estos bosques.
Por todo esto es que el Fondo Mundial para la Naturaleza encontró en el caso de la
relación contractual entre Awas Tingni y MADENSA una posibilidad muy interesante
de mostrar que efectivamente se puede hacer este tipo de manejo forestal. El hecho
de que MADENSA ya hubiera aceptado de entrada la presencia de la Comunidad era
un avance significativo con respecto al caso de una concesión otorgada con
anterioridad a eso a una empresa taiwanesa, en la que simplemente no se reconoció
el hecho de que existían comunidades indígenas en la zona.
Antes de iniciar el proyecto tuvo contacto con los siguientes funcionarios estatales: el
entonces Ministro del MARENA, doctor Jaime Incer; el Director del Servicio Forestal
Nacional, ingeniero Roberto Araquistain; el encargado de la Administración de
Bosques en Tierras Públicas (ADFOREST), el ingeniero Brady Watson, y con el
Delegado de IRENA, ahora MARENA, en Puerto Cabezas, señor James Gordon. En el
marco de las discusiones con dichos funcionarios, se partía del hecho de que si bien
la Comunidad no tenía título formal sobre la tierra, se reconocía la propiedad
implícita que correspondía a la ocupación de esas tierras, la cual tendría que ser
eventualmente formalizada. Es decir, se tenía conocimiento de que, al menos una
parte, sino toda el área del plan de manejo de MADENSA, era tierra comunal de la
Comunidad Awas Tingni. También se reconoció que como resultado de este proceso
se llevaría a cabo la demarcación de esta tierra comunal, porque el marco legal claro
es una de las condiciones fundamentales para un manejo sostenible.
El primer contacto que el testigo tuvo con la Comunidad fue a principios de 1993.
Estuvieron acompañados por representantes del IRENA y del Servicio Forestal
Nacional. Tuvieron reuniones en Puerto Cabezas con algunos líderes y miembros de
la Comunidad. Después se desplazaron a Awas Tingni para conocer al resto de la
Comunidad y así ver en qué condiciones vivían y poder escuchar directamente la
opinión de la gente. Al hablar con los líderes de la Comunidad en Puerto Cabezas y
con miembros de la Comunidad, se conocieron dos preocupaciones principales. Una
era el contrato que la Comunidad había firmado con MADENSA, un contrato a 25
años, con el cual se sentían atrapados, y la segunda inquietud, que para ellos era la