15 creada en 1990; que en ese caso no se ha pasado de la etapa de la indagación, es decir que no hay nadie sindicado; que a fines del año pasado se designó un agente especial del Ministerio para ese proceso en la Fiscalía Regional en Barranquilla; que en once años, de 1983 a 1994, hubo 1947 desapariciones forzadas atribuidas a funcionarios públicos y cerca de 1650 no han podido ser resueltas; que alcanzó su pico en los años 1988, 1989 y 1990; que en los últimos meses ha habido un reconocimiento de la gravedad de la crisis de los derechos humanos y que todavía no ha sido aprobado un proyecto de ley sobre la desaparición de personas. 45. El testigo Luis Alberto Restrepo Moreno dijo que fue jesuita y que en la actualidad es Investigador en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional; que en Colombia no ha existido política contra los derechos humanos ni interferencia en la administración de justicia; que desde un punto estrictamente jurídico los únicos violadores de los derechos humanos son los agentes del Estado, pero él cree que deben estimarse como tales todos los actores políticos armados y desde luego las guerrillas; que hay muchas dificultades para el ejercicio de la justicia en Colombia; y que de 1978 a 1982 el Gobierno le dio un poco mano libre a las fuerzas militares y no hubo precaución para impedir violaciones a los derechos humanos. 46. El testigo, General Juan Salcedo Lora, dijo que es Inspector General del Ejército; que la subversión creció considerablemente en el Departamento de El Cesar a partir de 1987; que los grupos paramilitares dicen ayudar al Gobierno pero realmente causan problemas muy serios; que un área donde hay situaciones de conflicto muy graves tiene su centro en San Alberto; que diecinueve días antes de la desaparición de Caballero Delgado hubo una masacre contra un grupo de jueces, investigadores y funcionarios de la justicia y la guerrilla comete toda clase de atrocidades; que el M-19, al haberse sometido a la ley, obtuvo escaños en los consejos, en la Cámara y en el Senado, su jefe ocupa la Alcaldía de la capital de uno de los Departamentos y miembros de él han sido enviados en misiones diplomáticas; que la guerrilla quita los uniformes a los soldados que son muertos y ha habido casos en que los oficiales confunden a la guerrilla con sus propias tropas; que la guerrilla se ha lanzado al narcotráfico para su financiamiento; que el Gobierno ha tratado de proteger los derechos humanos instruyendo a las Fuerzas Armadas, creando instituciones nuevas y reformando el Código Penal; que con el caso Caballero Delgado sólo ha tenido relación en cuanto al acopio de documentos, que la investigación ha sido muy difícil y los investigadores han corrido muchos peligros y ese caso está en manos de la Procuraduría y de la justicia ordinaria; que ha ofrecido toda cooperación para la exhumación de los cadáveres si se logran localizar; que la Procuraduría inició seis investigaciones el 27 de febrero por orden del Comando de la Quinta Brigada; que desde 1986 ó 1987 se había prohibido que hubiera sitios de reclusión para detenidos civiles en los cuarteles; que en San Alberto hay grupos paramilitares y en esa zona ha habido algún crimen cometido por el Ejército; que las fuerzas especiales son organizaciones militares con entrenamiento en técnicas contraguerrillas, son uniformados y no pueden operar vestidos de civil; que ha habido casos de corrupción en la Fuerza Pública y han sido procesados; que a mediados de los 80 tenían el Reglamento del Régimen Disciplinario y el Código Penal Militar y no hay violación de los derechos humanos que no esté comprendida en ellos; que en la investigación del caso Caballero Delgado aparecen testigos que sindican a personas que después resultan inocentes y hay testigos que desaparecen y no acuden a la cita; que el Capitán Héctor Alirio Forero fue retirado del servicio por sentencia disciplinaria y que las Fuerzas Militares tienen cerca de 200.000 hombres y la Policía 115.000.