-15“participa[ción] activa […] en el debate y en la discusión sobre el proyecto Río Cóndor
[…] desde la economía para hacer una evaluación técnico-económica y social del
proyecto, así como [para evaluar] el potencial […] desarrollo que ten[dría] la región [y] el
país [en relación] a [dicho] proyecto”. Ese proyecto era de “gran impacto ambiental” y
generó discusión pública.
Para llevar a cabo dicha participación, “requer[í]a[n] un conjunto de informaciones [por
parte del Comité de Inversiones Extranjeras], porque la que existía a nivel público y en
los organismos públicos vinculados con el medio ambiente no era suficiente”. Hicieron
una solicitud formal por escrito requiriendo, entre otras cosas, información concerniente a
la idoneidad del inversionista, a su trayectoria a nivel internacional y a su cumplimiento
de normas ambientales, jurídicas y tributarias. “Como resultado de [esta] solicitud,
recibi[eron] una nota del entonces Vicepresidente ejecutivo del Comité […], quien [los]
invitó, [a él y a Arturo Longton], a una reunión”, en la cual les entregó “una hoja
conteniendo el nombre del inversionista, su razón social [y] el capital que había solicitado
ingresar al país”. Después de la reunión recibió “un fax en la tarde de ese mismo día […]
diciéndo[le] que efectivamente […] faltaba la información sobre los capitales asociados
que no fueron entregados tampoco en ese fax”. Afirmó haber obtenido la información de
forma parcial y no haber recibido respuesta verbal o escrita respecto de la información
faltante, ni de las razones por las que no le dieron o no le iban a dar la información, aún
luego de haber insistido en dos ocasiones más. Posteriormente, luego de pasar un “plazo
razonable” y sin conocer los motivos de la negación de información, recurrieron a los
tribunales de justicia interponiendo: un recurso de protección, el cual fue denegado “por
no ser pertinente”; un recurso de reposición del recurso de protección, el cual también
fue denegado; y una queja ante la Corte Suprema, que también fue denegada.
“El proyecto forestal [en cuestión] no se llevó a efecto, porque después de
aproximadamente cinco años de tramitación, de debate público y de obstaculización […]
por parte de la ciudadanía […] no se realiz[ó] por problemas financieros”.
Se refirió a una información solicitada ante la Comisión Nacional Forestal en el año 2000,
vinculada a una investigación adelantada por dicha institución. La información no les fue
entregada y recurrieron a los tribunales, ganando esta vez el juicio por acceso a
información.
A partir de su experiencia vinculada a temas ambientales, considera que “es de extrema
dificultad acceder a [la] información” y por tal razón pide que “esta información [que le
fue denegada] sea pública […,] y que el Estado de Chile termine con la práctica del
secreto, que es una práctica que impide el desempeño de la ciudadanía y el ejercicio de
la libertad de expresión”.
b)
Propuesto por el Estado
2.
Eduardo Moyano Berríos, Vicepresidente Ejecutivo del Comité de
Inversiones Extranjeras de 1994 a 2000