-10- a) los siguientes tres puntos fundamentales ilustran la poca seriedad con que el Estado ha asumido la responsabilidad de implementar y hacer valer las medidas provisionales: i. ii. iii. en los casi tres meses desde que se emitió la resolución de la Corte a favor del Pueblo Indígena de Sarayaku, no se ha tomado ni una sola medida en cumplimiento de la misma; si bien se conformó una Comisión Interinstitucional de Coordinación Pública para Derechos Humanos a fin de abordar el tema de las medidas provisionales, la cual se ha reunido en cuatro ocasiones, su actuación se ha caracterizado por la ineficacia, la demora, la falta de consistencia de participación y la falta de poder de decisión en torno a la ejecución de las medidas; y se ha tergiversado el mandato de la Comisión al confundir la responsabilidad estatal de implementar, sin dilación y con efecto inmediato, las medidas provisionales y la de buscar una solución al fondo del conflicto; b) con base en el incumplimiento total del Estado, solicitaron a la Corte que conceda una audiencia lo antes posible a fin de tratar la cuestión de la implementación de dichas medidas, con la participación de los beneficiarios y sus representantes, el Estado y la Comisión; c) solicitaron que la Corte amplíe el contenido de la resolución de medidas provisionales a fin de asegurar que el Estado adopte las medidas especificas más idóneas frente a la situación denunciada – es decir, la suspensión del contrato petrolero mientras se tramite el caso del fondo ante la Comisión (para proteger la vida e integridad personal de los miembros del Pueblo de Sarayaku); la garantía de libre circulación sobre el Río Bobonaza (en particular, a través del retiro del destacamento militar en la Comunidad Jatun Molino y acciones concretas de prevención en las comunidades de Canelos y Pacayaku); y el retiro de los explosivos sembrados por la compañía petrolera CGC en el área tradicional de cacería del Pueblo Kichwa de Sarayaku; d) los miembros del Pueblo Kichwa de Sarayaku siguen en un estado de zozobra, temor psíquico de ser victimas de otro ingreso ilegal e inminente en su territorio, e incapacidad de circular libremente a raíz de los bloqueos y amenazas de agresiones físicas sobre el Río Bobonaza; e) todas las razones que motivaron la concesión de medidas provisionales siguen siendo válidas actualmente para los miembros del Pueblo Kichwa de Sarayaku; f) el Estado ha enfocado sus limitados esfuerzos en crear una Comisión Interinstitucional para “negociar” las medidas que el Estado pueda adoptar después del estudio y análisis de las justificaciones de las mismas y su concordancia con los intereses del Estado; g) el requerimiento de la Corte de que el Estado “dé participación a los beneficiarios de las medidas en la planificación e implementación de las mismas” no constituye justificación alguna para no adoptar medidas