21 76. El 5 de noviembre de 2001, se realizó en Santa Victoria Este una reunión entre familias indígenas y criollas habitantes de los Lotes Fiscales 14 y 55, que incluyó la presencia de varios caciques asociados en la Asociación Lhaka Honhat. Como consecuencia de la reunión se acordó solicitar a las autoridades del gobierno provincial que se suspendiera la parcelación de sus tierras, se aplicara el Decreto 339 del 22 de febrero de 2001, se frenaran los trabajos de nuevos alambrados y se detuviera la explotación forestal85. 77. En comunicación del 26 de diciembre de 2001, recibida por la CIDH en marzo de 2002, la Asociación Lhaka Honhat reportaba que había consenso entre las familias de criollos e indígenas de la zona con respecto al rechazo a la política de parcelación del Gobierno Provincial 86. 78. El 17 de enero de 2002, los peticionarios reportaron nuevamente a la CIDH que el Gobierno Provincial de Salta continuaba con su estrategia de fragmentar los Lotes Fiscales en parcelas, y en forma conexa, estaba induciendo a los caciques de las comunidades a abandonar la Asociación Lhaka Honhat y su reclamo por un título único de propiedad. 79. Mediante comunicación del 26 de diciembre de 2001, recibida en marzo de 2002, la Asociación Lhaka Honhat alegó que los funcionarios del Gobierno Provincial de Salta se habían negado a reconocer la representación de las comunidades por la Asociación, postura que les había llevado a distorsionar sus reclamos territoriales en el sentido de que, según el Gobierno, los indígenas estarían reclamando un título único sobre la totalidad de los Lotes Fiscales 55 y 14 con exclusión de los criollos, 87 lo cual no correspondía al reclamo real de las comunidades . Los términos de esta comunicación fueron posteriormente rechazados por los representantes del Gobierno Nacional y Provincial ante la CIDH, quienes reiteraron la necesidad de avanzar en las negociaciones mediante una reunión con presencia de 88 todas las partes interesadas . 80. En la misma comunicación del 26 de diciembre de 2001, los representantes de la Asociación Lhaka Honhat asentaron que la Comisión creada por el Decreto 339/01 del Gobierno de Salta no se había reunido, o por lo menos su representante técnico no había sido convocado a ninguna reunión. Por lo mismo, habían emprendido su propio proceso de relevamiento poblacional y mapeo de los Lotes, que ya había arrojado datos importantes sobre la presencia y ocupación indígena del 89 territorio . En ese sentido, los peticionarios presentaron a la CIDH, el 5 de agosto de 2002, copia de un “Informe de Avance” del estudio realizado por ASOCIANA (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino), titulado “Estudio cartográfico de la ocupación y uso de tierras entre las comunidades indígenas en los lotes fiscales 14 y 55, en el Municipio de Santa Victoria Este, 90 Departamento de Rivadavia, Provincia de Salta, Argentina” . 81. El 8 de julio de 2002, los peticionarios reportaron a la CIDH que el Gobierno de Salta había continuado enviando ingenieros a la zona en disputa para llevar a cabo mensuras y ofrecimientos 91 de parcelas para las comunidades y las familias criollas . Algunos días después, los peticionarios 85 Comunicación adjuntada al informe de los peticionarios a la CIDH recibido el 14 de noviembre de 2001, y transmitida al Estado el 3 de enero de 2002. 86 Comunicación de la Asociación Lhaka Honhat a la CIDH del 26 de diciembre de 2001, transmitida al Estado el 21 de marzo de 2002. 87 Comunicación de la Asociación Lhaka Honhat a la CIDH del 26 de diciembre de 2001, transmitida al Estado el 21 de marzo de 2002. 88 Comunicación del Estado a la CIDH recibida el 3 de mayo de 2002, transmitida a los peticionarios por la CIDH el 16 de julio de 2002. 89 Comunicación de la Asociación Lhaka Honhat a la CIDH del 26 de diciembre de 2001, transmitida al Estado el 21 de marzo de 2002. 90 Informe aportado por los peticionarios a la CIDH el 5 de agosto de 2002, y transmitido posteriormente al Estado por la CIDH el 21 de octubre de 2002. 91 2002. Comunicación de los peticionarios a la CIDH, recibida el 8 de julio de 2002 y transmitida al Estado el 26 de julio de