17 "ha sido de ayuda en favorecer la consolidación de la ley contra las denuncias unilaterales de los acuerdos internacionales sin responsabilidad por las mismas "63. La Convención de la ONU de 1984 contra la Tortura, en esta línea de preocupación, establece (artículo 31.2) que una denuncia de la misma no deberá tener el efecto de liberar a la Parte denunciante de sus obligaciones según la Convención con respecto a “cualquier acto u omisión que ocurre antes de la fecha en que la denuncia se vuelve efectivo”, ni deberá la denuncia perjudicar de ninguna manera la “consideración continúa” de cualquier asunto que ya esté bajo el escrutinio del Comité de la ONU contra la Tortura “antes de la fecha en que la denuncia se vuelve efectiva". 51. A nivel regional, la Convención Europea sobre Derechos Humanos, según fue enmendada por el Protocolo n. 11, establece (artículo 58) así mismo que una denuncia de la misma no tendrá el efecto de liberar a la Parte denunciante de sus obligaciones según la Convención con respecto a “cualquier acto que, siendo capaz de constituir una violación de dichas obligaciones, puede haber sido realizado por el mismo antes de la fecha en que la denuncia se vuelva efectiva”. Por su parte, en una línea de pensamiento similar, la Convención Interamericana de 1999 para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad determina (Artículo XIII) que una denuncia de la misma “no eximirá” al Estado Parte de las obligaciones impuestas sobre el mismo por la Convención con respecto a “toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que haya surtido efecto la denuncia". 52. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 78) solo permite la denuncia “después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma”, y por medio de “un preaviso de un años”. Además, dicha denuncia no tendrá el efecto de liberar al Estado Parte que denuncia de las obligaciones incluidas en la Convención con respecto a “todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones” y que “haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto". El tema de los efectos de la denuncia, dentro de dichos límites, se volvió importante en casos recientes respecto a Trinidad y Tobago bajo la Convención Americana de Derechos Humanos. 53. Trinidad y Tobago se volvió Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanas el 28.05.1991, y aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana en asuntos contenciosos en esa misma fecha. Más adelante, el 26.05.1998, denunció la Convención Americana; según el artículo 78 de la Convención, dicha denuncia comenzó a tener efectos un año después, el 26.05.1999. Un día antes de esta fecha la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte el caso de Hilaire; posteriormente, después de esta fecha, le presentó a la Corte el caso de Constantine et al. (el 22.02.2000) y el caso de Benjamin et al. (el 05.10.2000), - los tres de ellos respecto a Trinidad y Tobago. 54. Dado que los mismos se referían a actos realizados por el Estado antes de la fecha de su denuncia, la Corte mantenía su jurisdicción y entró a conocerlos casos (según el artículo 78.2 de la Convención), y emitió sus Sentencias sobre las objeciones preliminares en los tres casos el 01.09.2001, rechazando una restricción indebida presentada por el Estado en su 63 . H.W. Briggs, "Unilateral Denunciation of Treaties: The Vienna Convention and the International Court of Justice", 68 American Journal of International Law (1974) p. 68.