C. Derechos a las garantías judiciales136 y a la protección judicial137 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana 1. Estándares de debida diligencia, oficiosidad y plazo razonable 74. La Corte Interamericana ha establecido que “en virtud de la protección otorgada por los artículos 8 y 25 de la Convención, los Estados están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal”138. 75. La jurisprudencia del sistema interamericano contempla que el Estado está obligado, una vez tenga conocimiento de una violación de derechos humanos, en particular de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal139, a iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva140, la cual debe llevarse a cabo en un plazo razonable141. Esto implica el derecho de las víctimas y sus familiares a que las autoridades estatales inicien un proceso contra los presuntos responsables; en su caso, se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que se hayan sufrido142. 76. La Corte ha indicado que el deber de investigar con la debida diligencia implica que las averiguaciones deben ser realizadas por todos los medios legales disponibles y deben estar orientadas a la determinación de la verdad143. Asimismo, la Comisión y la Corte han especificado que en casos de violaciones de derechos humanos, el Estado puede ser hallado responsable en caso de no ordenar y practicar pruebas pertinentes conforme al deber de debida diligencia y que la investigación debe estar orientada a explorar todas las las líneas investigativas posibles, que permitan la identificación de los autores de dicha violación144. 77. Con la finalidad de garantizar la debida diligencia en la investigación exhaustiva e imparcial de una muerte en circunstancias sospechosas que involucra a agentes estatales, la Comisión ha destacado la relevancia de los estándares contenidos en el Protocolo de Minnesota, que incluyen: la identificación de la víctima; la recolección y preservación de pruebas relacionadas con la muerte; la identificación de posibles testigos y la obtención de sus declaraciones; la determinación de la causa, manera, lugar y tiempo de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber provocado la muerte; la distinción entre muerte natural, suicidio y homicidio; la identificación y aprehensión de la o las personas involucradas en la muerte y la presentación de los presuntos perpetradores ante un tribunal competente establecido por ley145. De acuerdo con dichos estándares, “Cuando sea necesario, y siempre que se cuente con el consentimiento de la persona o personas interesadas, los investigadores deben adoptar medidas para proteger a la persona entrevistada y a otras contra malos tratos o intimidación como consecuencia de haber aportado información”146. Art. 8.1 establece: 1. “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 137 Art. 25 establece, en lo pertinente: 1. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. 138 Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007, párr. 124; Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007, párr. 145; Caso del Penal Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006, párr. 381; y Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros). Sentencia de 24 de noviembre de 2006, párr. 106. 139 Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007, párr. 100. 140 Corte IDH. Caso García Prieto y otros. Sentencia de 20 de noviembre de 2007, párr. 101; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004, párr. 146; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, Sentencia de 10 de julio de 2007, párr. 130. 141 Corte IDH. Caso Bulacio v. Argentina. Sentencia de 18 de septiembre de 2003, párr. 114; Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007, párr. 146; Caso del Penal Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006, párr. 382. 142 Corte IDH. Caso García Prieto y otros. Sentencia de 20 de noviembre de 2007, párr. 103; Caso Bulacio v. Argentina. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003, párr. 114; y Caso del Penal Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006, párr. 382. 143 Véase Corte IDH. Caso García Prieto y otros. Sentencia de 20 de noviembre de 2007, párr. 101. 144 CIDH. Informe No. 25/09. Fondo. Sebastião Camargo Filho (Brasil), 19 de marzo de 2009, párr. 109; Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999, párr. 230; Caso J. vs. Perú. Sentencia de 27 de noviembre de 2013, párr. 344 (citando Corte IDH., Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 128). 145 Corte IDH. Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela. Sentencia de 22 de agosto de 2017, párr. 161. 146 ONU. Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016), párr. 86. 136 17