periodista que se enfrenta al poder político y económico regional. Se logra, al fin, sumir a toda una comunidad en la falta de información y de posibilidades de control de la gestión estatal, impidiéndole ejercer su derecho a buscar, recibir y difundir ideas e información. 186. Por todo lo anterior, la CIDH concluye que el Estado ha violado los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 13 del tratado, en perjuicio de los familiares de la víctima. Del expediente del caso la Comisión entiende que éstos últimos se conforman por Jairo Carvajal Cabrera, Ana Francisca Carvajal de Carvajal (padre y madre); Paola Andrea Carvajal Bolaños, María Alejandra Carvajal Bolaños, Yaneth Cristina Carvajal Ardila (hijas); Luz Stella Bolaños Rodríguez (cónyuge);Judith Carvajal Carvajal, Gloria Mercedes Carvajal Carvajal, Ruth Dary Carvajal Carvajal, Luz Eny Carvajal Carvajal, Miriam Carvajal Carvajal, Fernando Augusto Carvajal Carvajal, Saúl Carvajal Carvajal (hermanos y hermanas); Cristhian Camilo Motta Carvajal, César Augusto Meneses Carvajal (sobrinos). 187. En cuanto al derecho a la vida y a la libertad de expresión de Nelson Carvajal Carvajal, la CIDH observa que, transcurridos más de 16 años desde el asesinato del periodista, las investigaciones y procesos penales adelantados en el ámbito interno no han permitido la determinación de las responsabilidades individuales correspondientes. No obstante, del expediente surgen una serie de indicios sobre la participación de agentes estatales en estos hechos. En efecto, desde el momento de los hechos y a partir de la prueba recaudada, se evidenció que el asesinato de Nelson Carvajal Carvajal fue cometido para silenciar su trabajo dirigido a revelar actos ilícitos cometidos bajo el amparo de potestades públicas. 188. Desde el inicio de la investigación los testigos señalaron la responsabilidad de funcionarios y ex funcionarios públicos locales como presuntos autores intelectuales del homicidio de Nelson Carvajal Carvajal. Consta en el expediente que Carvajal tenía previsto rendir declaración el día siguiente a su muerte, ante la Personería Municipal por unos hechos denunciados en su programa radial sobre corrupción municipal que vinculaban al alcalde de Pitalito y a una coalición del Concejo Municipal. Testigos indicaron que antes de su muerte el periodista Nelson Carvajal había recibido amenazas de muerte por parte de un ex concejal de Pitalito. Igualmente, según se desprende del expediente, tras el crimen se realizaron acciones tendientes a obstaculizar la administración de justicia a través de amenazas a testigos y otros actos para desviar la investigación, generando un clima de temor en la población de Pitalito que persistió durante el desarrollo de los juicios y se incrementó con la práctica de diligencias probatorias. Concretamente, un testigo desmovilizado de las FARC fue asesinado luego de afirmar ante una fiscal especializada que entre las personas responsables del asesinato de Nelson Carvajal se encontraban funcionarios y ex funcionarios locales. Varias personas vinculadas al caso como testigos o familiares amenazados denunciaron a oficiales y ex oficiales vinculados con el gobierno como los responsables por las amenazas. Debido a la falta de medidas concretas y eficaces de protección e investigación frente a estas amenazas y actos de intimidación, nueve familiares de Nelson Carvajal tuvieron que salir del país. 189. Frente a estos fuertes indicios, también manejados por los propios órganos estatales encargados de la investigación, la CIDH estima que la respuesta estatal ha sido deficiente para investigarlos y para proteger a los testigos y familiares de Nelson Carvajal en su búsqueda de justicia. Es debido a dichas deficiencias que no ha sido posible esclarecer judicialmente los hechos y las correspondientes responsabilidades. La CIDH considera que la totalidad de estos indicios de participación y tolerancia de autoridades estatales en el asesinato de Nelson Carvajal Carvajal son suficientes en el contexto del presente caso para establecer una violación al derecho a la vida bajo el artículo 4.1 de la Convención Americana169. 169 134. Párr. 97. Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 40