11 del derecho de petición individual se efectúa a la luz de la noción de garantía colectiva, subyacente a la Convención Americana (así como a los demás tratados de derechos humanos). Es en ese contexto que se ha de apreciar el amplio alcance de la legitimatio ad causam bajo el artículo 44 de la Convención Americana. 33. La desnacionalización de la protección y de los requisitos de la acción internacional de salvaguardia de los derechos humanos, además de ampliar sensiblemente el círculo de personas protegidas, posibilitó a los individuos ejercer derechos emanados directamente del derecho internacional (derecho de gentes), implementados a la luz de la referida noción de garantía colectiva, y no más simplemente “concedidos” por el Estado. Con el acceso de los individuos a la justicia a nivel internacional, mediante el ejercicio del derecho de petición individual, se dió finalmente expresión concreta al reconocimiento de que los derechos humanos a ser protegidos son inherentes a la persona humana y no derivan del Estado. Por consiguiente, la acción de su protección no se agota -no puede agotarse - en la acción del Estado. 34. De todos los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos, el derecho de petición individual es el más dinámico, inclusive al atribuir la iniciativa de acción al propio individuo (la parte ostensiblemente más débil vis-à-vis el poder público), distintamente del ejercicio ex officio de otros métodos (como los de investigaciones e informes) por parte de los órganos de supervisión internacional. Es el que mejor refleja la especificidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en comparación con otras soluciones propias del Derecho Internacional Público (como se puede desprender de la sentencia de 1995 de la Corte Europea de Derechos Humanos en el importante caso Loizidou versus Turquía, que ciertamente se tornará locus classicus sobre la materia) 31. 35. En las audiencias públicas ante la Corte Interamericana, en distintos casos, sobre todo las audiencias relativas a reparaciones, - me ha llamado particularmente la atención el señalamiento, cada vez más frecuente, por parte de las víctimas o de sus familiares, en el sentido de que, si no fuese por el acceso a la instancia internacional, jamás se hubiera hecho justicia en sus casos concretos. Seamos realistas: sin el derecho de petición individual, y el consecuente acceso a la justicia a nivel internacional, los derechos consagrados en la Convención Americana se reducirían a poco más que letra muerta. Es por el libre y pleno ejercicio del derecho de petición 31 . Recuérdese que, en el caso Loizidou versus Turquía (sentencia sobre excepciones preliminares del 23.03.1995), la Corte Europea de Derechos Humanos descartó la possibilidad de restricciones - por las declaraciones turcas - en relación con las disposiciones-clave del artículo 25 (derecho de petición individual), y del artículo 46 (aceptación de su jurisdicción en materia contenciosa) de la Convención Europea. Sostener otra posición, agregó, "no sólo debilitaría seriamente la función de la Comissión y de la Corte en el desempeño de sus atribuciones pero también disminuiría la eficacia de la Convención como un instrumento constitucional del orden público (ordre public) europeo" (párr. 75). La Corte descartó el argumento del Estado demandado de que se podría inferir la posibilidad de restricciones a las cláusulas facultativas de los artículos 25 y 46 de la Convención por analogía con la práctica estatal bajo el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Europea no sólo recordó la práctica en contrario (aceptando tales cláusulas sin restricciones) de los Estados Partes en la Convención Europea, pero también resaltó el contexto fundamentalmente distinto en que los dos tribunales operan, siendo la Corte Internacional de Justicia "a free-standing international tribunal which has no links to a standard-setting treaty such as the Convention" (párrs. 82 y 68). La Corte de la Haya, - reiteró la Corte Europea, - dirime cuestiones jurídicas en el contencioso inter-estatal, distintamente de las funciones de los órganos de supervisión de un "tratado normativo" (law-making treaty) como la Convención Europea. Por consiguiente, la "aceptación incondicional" de las cláusulas facultativas de los artículos 25 y 46 de la Convención no da margen para analogía con la práctica estatal bajo el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (párrs. 84-85).