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Presentó cuatro recursos de hábeas corpus denunciando los abusos cometidos en su contra, pero
todos fueron declarados improcedentes. También le fueron negadas cuatro solicitudes de libertad
condicional, tres solicitudes de comparecencia, y dos quejas a Control Interno del Poder Judicial.
Permaneció 18 años y 5 meses en prisión sin ser juzgado ni condenado, y fue liberado por
“prescripción”, ya que su detención sobrepasó la pena correspondiente al delito que le
imputaban.
El testigo y su familia han sufrido consecuencias psicológicas como resultado de los maltratos,
enfermedades, y hechos terribles presenciados. “Todas las situaciones anteriores han violado [su]
derecho a la vida, salud, al trabajo, a la igualdad ante la ley y [su] libertad e integridad física y
mental”.
Dentro de sus “anhelos de justicia, […] se encuentra la liberación de los sobrevivientes que aun
se encuentran presos, el cese de la persecución a los sobrevivientes, la restitución plena de sus
derechos y honra ante la sociedad y la sanción a los responsables de este acto genocida”.
13.
Madelein Escolástica Valle Rivera, presunta víctima
Fue víctima de los hechos acontecidos del 6 al 9 de mayo en el Penal Castro Castro. Se
encontraba presa en el pabellón 1-A, no había sido sentenciada. El 6 de mayo de 1992 escuchó
una detonación alrededor de las 4:00 horas. Los miembros de las fuerzas especiales atacaron el
pabellón 1A, y en los techos de otros pabellones se encontraban francotiradores disparando por
las ventanas y la cabina. El ataque fue muy intenso, con todo tipo de armas lanza granadas,
bazucas, armas largas, bombas lacrimógenas, vomitivas y paralizantes.
A medida que
transcurrían las horas se incrementó la intensidad del ataque contra el pabellón 1A e incluso se
lanzaron bombas desde un helicóptero de guerra que sobrevolaba el penal. Observó que María
Villegas fue herida.
Aproximadamente a las 5 p.m. del 6 de mayo de 1992, la testigo y otras prisioneras, entre
quines se encontraban mujeres embarazadas, se refugiaron en el pabellón 4B, al que pudieron
llegar a través de los ductos del penal. Los francotiradores les disparaban y muchos prisioneros
murieron en el intento de llegar al pabellón 4B, tal como sucedió con Vilma Aguilar.
Al día siguiente, los ataques se reiniciaron a las 5:00 horas. Los internos exigieron la presencia
de la Cruz Roja Internacional y de fiscales y abogados como mediadores, pero fueron negadas las
peticiones de diálogo, cese al fuego y asistencia médica para los heridos y para las prisioneras
gestantes. Eventualmente, se permitió la salida de cuatro delegados de los internos para
conversar con la fiscal Mirtha Campos, quien dijo que “no iba a permitir la intervención de
ninguna institución ajena como mediadora del conflicto”. En ningún momento las autoridades les
comunicaron que iban a ser trasladadas a otro penal. Las internas “nunca [se] opusi[eron] al
traslado de prisioneros, sólo exigí[an] garantías para [sus] vidas y que estuvieran presentes la
Cruz Roja Internacional, [sus] abogados, familiares y la prensa”.
El día 9 de mayo fue demolido el pabellón 4B con un cañón de guerra. Aproximadamente a las 4
p.m. los prisioneros decidieron salir y pidieron a las autoridades que no dispararan. Primero
salieron dos prisioneros tomados de la mano, seguidos por un grupo de prisioneros cantando la
Internacional. Los prisioneros fueron acribillados por los francotiradores. Dos de los internos
murieron instantáneamente y otros quedaron heridos de gravedad. Entre los muertos se
encontraba su padre Tito Valle, a quien vio morir. Cuando se encontraba en la zona “tierra de
nadie” escuchó que los agentes estatales preguntaban por los dirigentes. Esa noche separaron a