-78- • • • • • • • • UDEX, SUAT y USE, quienes incluso se ubicaron como francotiradores en los techos del penal y dispararon contra los internos (supra párr. 197.21); el tipo de heridas sufridas por los internos confirman que los prisioneros esquivaron descargas de armas de fuego dirigidas hacia ellos; y algunos prisioneros murieron a causa de explosiones y quemaduras (supra párr. 187). Asimismo, los prisioneros presentaban heridas en la espalda y en las extremidades. Además, la mayoría de los internos que fallecieron presentaban entre 3 y 12 impactos de bala en zonas de la cabeza y el tórax (supra párr. 197.39); a pesar de que durante el desarrollo del “operativo” varios órganos internacionales y otras organizaciones ofrecieron su intervención para que cesara la violencia, el Estado no utilizó medios que no fueran la fuerza letal (supra párr. 197.35); en el último día del “operativo” los agentes estatales dispararon contra los internos que salieron del pabellón 4B, después de haber pedido que no les dispararan; es decir, dispararon indiscriminadamente contra internos que estaban bajo el control de las autoridades estatales, y no significaban un peligro que ameritara el uso de la fuerza (supra párr. 197.37); algunos internos que se encontraban bajo el control de las autoridades estatales fueron separados del grupo y ejecutados por agentes estatales (supra párr. 197.38); durante los días del “operativo” se publicó que, en al menos dos ocasiones (supra párr. 197.28 y 197.30), el entonces Presidente de la República, Alberto Fujimori, se reunió en las instalaciones de la Comandancia General del Ejército, conocida como “Pentagonito”, con el Consejo de Ministros y autoridades policiales y militares, para evaluar la situación del penal y determinar las acciones por seguir. Asimismo, el día 10 de mayo Fujimori se presentó en el penal y caminó entre los prisioneros tendidos boca abajo en el suelo de los patios del presidio (supra párr. 197.42); una vez terminado el “operativo” y encontrándose los internos bajo el control de las autoridades estatales, el Estado no brindó a algunos de ellos la necesaria asistencia médica, durante horas, y a otros durante días, como consecuencia de lo cual algunos murieron y otros resultaron con secuelas físicas permanentes (supra párr. 197.43 y 197.47); después de concluido el “operativo” algunos de los internos heridos que permanecieron durante horas sin asistencia médica fueron llevados a hospitales, en los que varios de ellos no recibieron los medicamentos que requerían (supra párr. 197.47); y las autoridades estatales incurrieron en graves omisiones en la recolección, preservación y análisis de la prueba: no se hicieron pruebas toxicológicas; no se recolectó evidencia como casquillos de balas o fragmentos de metal; no se recolectaron huellas digitales ni la ropa de los fallecidos (supra párr. 187); los protocolos de necropsia y los dictámenes periciales de balística forense practicados en los internos occisos fueron realizados de forma incompleta; no se preservaron las armas incautadas en el “operativo” ni los proyectiles de armas de fuego extraídos de los cadáveres, así como los encontrados en los pabellones 1A y 4B, y en la “rotonda” y “tierra de nadie” del Penal Castro Castro; y recientemente el 21 de abril de 2006 se llevó a cabo una diligencia de inspección judicial en el penal (supra párr. 197.74). 217. Es importante observar las diferencias que hubo en el número de bajas: 41 internos identificados y un policía, así como el número de internos heridos (aproximadamente 190) en contraste con aproximadamente 9 agentes policiales heridos (supra párr. 197.40). El Estado no ha establecido la causa de la muerte del policía ni de las heridas de los referidos agentes. 218. En este orden de consideraciones es preciso hacer referencia a lo establecido en la sentencia emitida el 3 de febrero de 2004 por la Sala Nacional para Terrorismo de la Corte Suprema de Justicia del Perú (supra párr. 197.67), que absolvió a los cuatro internos acusados de terrorismo, violación de la libertad personal, exposición o abandono de personas en peligro,