4 muertes de los señores Josué Giraldo Cardona y Pedro Malagón, miembros del partido político Unión Patriótica; la desaparición del señor Francisco Mario Cárdenas y el secuestro o desaparición del señor Alberto Barbosa Torres, entre otros; f) ha realizado investigaciones en cuanto a “presuntas conductas delictivas aparentemente ocurridas en algunas poblaciones del departamento del Meta y denunciadas por el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta”; g) ha adelantado las investigaciones con Radicados Nos. 14.576, 53694 y 53674, y 2141 en relación con presuntas amenazas o hechos de hostigamiento en contra de la señora Islena Rey; la investigación en cuanto a una amenaza por correo electrónico supuestamente enviada por la Policía Nacional a la beneficiaria, y la investigación iniciada por la Dirección de Derechos Humanos relativa al hecho de violencia en contra de la señora Rey ocurrido el 17 de octubre de 2009; h) ha adelantado investigaciones penales y disciplinarias por las presuntas actividades ilegales de inteligencia cometidas por algunas personas vinculadas al DAS. En este sentido, el Estado se refirió a: i. la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación bajo el radicado No. 12495-11”, a raíz de la cual “se acusó formalmente a [un ex subdirector del DAS el 8 de julio de 2009] por los presuntos delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, y falsedad en documento por destrucción”, y la investigación con radicado No. 12490-2 “que se adelanta en contra de los que fungieron como Directores del [DAS] entre los años […] 2004 a 2009”; ii. las investigaciones disciplinarias adelantadas por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, bajo el radicado IUS 2009-57515, a las cuales se vincularon servidores y ex servidores del DAS, funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, y iii. la investigación adelantada por el Área de Acústica Forense del Grupo de Criminalística del DAS. i) “debido a la complejidad de las solicitudes de los peticionarios con relación a las características que consideran propias para la realización de[l acto formal de reapertura del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta], la concreción de dichas gestiones se ha dilatado varias veces”. No obstante, el Estado señaló que el Comité “ya se encuentra en funcionamiento y est[á] realizando labores en derechos humanos en el departamento del Meta”, y j) “el 24 de septiembre de 2008, se celebró […] una reunión de seguimiento y concertació[n] con participación de los peticionarios y beneficiarias”, y el 17 de abril de 2009 se llevó a cabo una reunión con la beneficiaria Islena Rey para “atender varios inconvenientes que la beneficiaria manifestó […] en relación con el esquema asignado para su protección”. Actualmente, el Estado “se encuentra realizando las gestiones necesarias para la concreción de [otra] reunión de seguimiento […] con la participación de las beneficiarias”.