del cual el Estado garantiza el derecho irrenunciable de todo inculpado de delito de ser asistido por un defensor, sea dotada de garantías suficientes para su actuación eficiente y en igualdad de armas con el poder persecutorio. La Corte ha reconocido que para cumplir con este cometido el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas. Entre ellas, contar con defensores idóneos y capacitados que puedan actuar con autonomía funcional62. 87. Los estándares de justicia penal de la American Bar Association establecen: “A excepción de las cuestiones preliminares como las audiencias iniciales o las solicitudes de fianza, los abogados defensores en la práctica no deben comprometerse a defender a más de un acusado en el mismo caso penal si el deber contra uno de los acusados puede entrar en conflicto con el deber a otro. El potencial de conflicto de intereses en la representación de múltiples acusados es tan grave que ordinariamente los abogados de la defensa deben rehusarse a representar a más de uno de varios co-imputados excepto en situaciones inusuales cuando, después de una cuidadosa investigación, es evidente que no es probable que se desarrolle un conflicto en el juicio, sentencia o en cualquier otro momento en el procedimiento o que la representación común será ventajosa para cada uno de los co-imputados representados y, en cualquier caso, que: i) los co-imputados proporcionen un consentimiento informado de la representación múltiple; ii) el consentimiento de los procesados se aporte al expediente judicial. Para determinar la presencia del consentimiento de los procesados, el juez de primera instancia debe realizar investigaciones apropiadas sobre los conflictos de intereses reales o potenciales de la representación común, y si los procesados entienden completamente las dificultades que los abogados defensores encuentran a veces al defender a múltiples clientes (…)63. 88. Por su parte, en el caso Holloway vs. Arkansas, ante la Suprema Corte de Estados Unidos, la Corte se refirió a la situación de tres procesados acusados de robo a mano armada y violación que tuvieron a un defensor público común, indicando que “el hecho de que el juez fallara en no designar a un abogado independiente o en tomar medidas adecuadas para determinar si el riesgo de un conflicto de intereses era demasiado remoto para justificar un abogado independiente, ante las declaraciones hechas por el abogado antes del juicio y de nuevo antes de que el jurado fuera seleccionado, privó a los peticionarios de la garantía de “asistencia de un abogado” contenida en la sexta enmienda64. La Corte estimó que la representación de múltiples acusados en la misma causa, impide que el abogado realice muchas tareas importantes, incluyendo: 1) la negociación de los cargos y la condena, en la que un acusado se compromete a testificar contra otro (plea bargain); 2) impugnar la admisión de pruebas perjudiciales para un cliente pero favorables a otro; 3) argumentar diferentes culpabilidades de los clientes en la sentencia con el fin de minimizar la culpabilidad de uno, haciendo hincapié en la de otro65. 89. Por su parte, la Corte Interamericana, al pronunciarse sobre el valor probatorio que debe otorgarse a la declaración de co-imputados en un proceso penal, ha indicado que la misma tiene “limitada eficacia probatoria” y que “objetivamente no sería suficiente por sí sola para desvirtuar la presunción de 62 Corte IDH. Ruano Torres vs. El Salvador. Párr. 157. Estándares de Justicia Penal de la American Bar Association, Estándar 4-3.5 c) Conflictos de interés. Dicho estándar establece literalmente: (c) Except for preliminary matters such as initial hearings or applications for bail, defense counsel who are associated in practice should not undertake to defend more than one defendant in the same criminal case if the duty to one of the defendants may conflict with the duty to another. The potential for conflict of interest in representing multiple defendants is so grave that ordinarily defense counsel should decline to act for more than one of several codefendants except in unusual situations when, after careful investigation, it is clear either that no conflict is likely to develop at trial, sentencing, or at any other time in the proceeding or that common representation will be advantageous to each of the codefendants represented and, in either case, that: (i) the several defendants give an informed consent to such multiple representation; and (ii) the consent of the defendants is made a matter of judicial record. In determining the presence of consent by the defendants, the trial judge should make appropriate inquiries respecting actual or potential conflicts of interest of counsel and whether the defendants fully comprehend the difficulties that defense counsel sometimes encounters in defending multiple clients. 63 64 65 U.S Supreme Court, Holloway v Arkansas, 435 U.S. 475 (1978) U.S Supreme Court, Holloway v Arkansas, 435 U.S. 475 (1978). 16