trató de reunificarse pero no fue posible. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados le proporcionó 80 dólares para su manutención y la de su hijo de 11 meses, durante tres meses. No logró obtener un empleo, por lo que se dedicó a preparar y vender tamales. En México sufrió un proceso muy doloroso de desarraigo. Nunca se había planteado dejar Guatemala y aún ahora, cada día fuera de Guatemala le pesa. La testigo indicó que para el tiempo que estuvo en México se hallaban unos campamentos de refugiados a lo largo de la franja fronteriza entre México y Guatemala y el Ejército guatemalteco incursionaba en territorio mexicano. Esto significaba un peligro tanto para los refugiados como para los poblados mexicanos que provocó un ambiente de hostilidad y las autoridades mexicanas detuvieron a muchos guatemaltecos. El 3 de junio de 1984 ella y su hermana Emma Guadalupe fueron detenidas porque las autoridades mexicanas aprehendieron a un amigo que tenía una lista que contenía los datos de ellas. Las despojaron de sus documentos de identidad obligándolas a quedarse en ese país en condición de “ilegales”, aunque eran “refugiadas”, ya que México no había ratificado la Convención sobre refugiados. Llegó a Costa Rica en 1985 por sus propios medios. Los únicos ingresos que percibió en los primeros años fueron producto de la venta de la comida guatemalteca que preparaba. Nació su segundo hijo y en el año 1987 consiguió un empleo, pese a estar en condición de “ilegal”. En 1991 hubo una amnistía para todos los “ilegales” y refugiados en Costa Rica y dado que su hijo menor nació en ese país, fue posible obtener una residencia permanente. Estuvo sin empleo prácticamente de 1981 a 1987. Trabajó “ilegalmente” en Costa Rica desde 1987 a 1991, y desde 1991 goza de un trabajo estable. El fallo de la Corte Interamericana es la única posibilidad de justicia que tiene la familia. Es una oportunidad para que el caso de Marco Antonio trascienda hacia toda esa problemática de la niñez desaparecida en Guatemala, y que trascienda sobre la situación de los niños que están viviendo en un conflicto y que deben ser sujetos privilegiados de la protección del Estado. La identificación, juzgamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales sería en parte un alivio para la familia, pero no va a permitir recuperar a su hermano. Una reparación adecuada sería saber la verdad de lo que le pasó a Marco Antonio y recuperar sus restos. Asimismo, cree imprescindible saber quiénes fueron los autores de los hechos, los cuales deben ser juzgados y condenados. Ella y su familia quieren que no se olvide lo que sucedió para que no se repita, que haya acciones de prevención y protección, garantías reales de respeto de los derechos humanos, nuevas generaciones de policías que entiendan que su deber es proteger los derechos de las personas, así como militares educados en derechos humanos, que sepan que su principal papel es ser garantes de la integridad de las personas. Es necesario educar y enseñar la historia tal como sucedió. Tiene que haber acciones de homenaje para las víctimas, tal como crear una sala para los “niños y niñas” desaparecidos, en el Museo Nacional de la Cultura. Es necesario que la Comisión Nacional de Búsqueda de la Niñez Desaparecida exista de derecho, que tenga el apoyo estatal, y que el Estado sea el primer ente interesado en averiguar qué sucedió y dónde están los niños desaparecidos, y recuperar sus restos o facilitar los reencuentros de las 12