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embriones no sean implantados por error en otra persona, así como para asegurar la calidad de la
atención médica prestada. Con todas estas posibilidades, no queda claro que las víctimas en este
caso constituyan un grupo homogéneo y que se halla en una situación similar.
7.
Si la mayoría tuviera razón en que las víctimas identificadas constituyen un grupo
diferente y al cual se le negó un trato igual, entonces ello implicaría que el Estado solucionaría el
problema permitiendo que este grupo (parejas casadas declaradas infértiles por un médico) pueda
recurrir a la fecundación in vitro. Este resultado parece contradecir el derecho a la vida privada del
que gozan todas las personas en la sociedad pues, de hecho, provocaría discriminación en lugar de
evitarla.