108 formalidad condenada de antemano a ser infructuosa214. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales215. 144. Ciertamente durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación216. No obstante, la investigación debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad217. 145. La realización de una investigación efectiva es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos que se ven afectados o anulados por esas situaciones, como lo son en el presente caso los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado218. 146. La Corte reconoce las difíciles circunstancias por las que atravesaba y atraviesa Colombia, en las que su población y sus instituciones hacen esfuerzos por alcanzar la paz. Sin embargo, las condiciones del país, sin importar qué tan difíciles sean, no liberan a un Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones establecidas en ese tratado, que subsisten particularmente en casos como el presente219. El Tribunal ha sostenido que al llevar a cabo o tolerar acciones dirigidas a realizar ejecuciones extrajudiciales, no investigarlas de manera adecuada y no sancionar efectivamente, en su caso, a los responsables, el Estado viola sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos reconocidos por la Convención a la presunta víctima y sus familiares, impide que la sociedad conozca lo ocurrido220 y 214 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 223; Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 7, párr. 146; Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 61, y Caso Bulacio, supra nota 192, párr. 112. 215 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 237; Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 7, párr. 203, y Caso Hermanas Serrano Cruz, supra nota 214, párr. 170. 216 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 219; Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 7, párr. 147, y Caso Hermanas Serrano Cruz, supra nota 214, párr. 63. 217 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 219; Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 7, párr. 146, y Caso Hermanas Serrano Cruz. supra nota 214, párr. 61. 218 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párrs. 137 y 232; Caso Huilca Tecse. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr. 66; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 17, párr. 158; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 188, párr. 129, y Caso 19 Comerciantes, supra nota 192, párr. 153. 219 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 10, párr. 170; Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 238, y Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 7, párr. 153. 220 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 238; Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 7, párr. 153, y Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 189, párr. 134.