30 oficina, que no se podía realizar por la presencia de extranjeros, y que era necesario para realizarla que alguien de la URNG estuviera presente para identificar el cadáver. En vista de la discusión, el Procurador Nacional señaló que la exhumación no estaba cancelada, sólo demorada por razones de seguridad y para facilitar los trámites. Posteriormente se enteró que su marido se encontraba vivo para esos días, y que estaba siendo sometido a torturas, información que también conocía el Procurador Valladares. La diligencia fue cancelada por presiones del Ejército, según lo reportara el propio de León Carpio. Con el fin de dar tiempo para que el ambiente se tranquilizara, viajó a México donde se entrevistó con Santiago Cabrera López, quien le explicó la práctica del Ejército guatemalteco de apartar ciertos prisioneros y no asesinarlos inmediatamente, sino torturarlos con el fin de “romperlos psicológicamente” y después forzarlos a trabajar para ellos como informantes. Asimismo Cabrera le comentó que había visto a Bámaca Velásquez con señales de tortura en dos destacamentos militares. Regresó luego a Guatemala para proseguir con los trámites de la exhumación, para lo cual contrató a un especialista forense de Estados Unidos de América, se reunió con el equipo forense de Guatemala y aportó una certificación de su estado civil, en la cual aparecía como casada. Viajó a Retalhuleu para seguir revisando los archivos, y se enteró que tanto de León Carpio como el juez del lugar habían recibido amenazas de muerte. Dentro del expediente judicial encontró información sobre el levantamiento, por parte del Juez de Paz, de un cadáver vestido con uniforme de la URNG el día 13 de marzo de 1992 en el río Ixcucua, y le sorprendió el hecho de que el informe fuera tan detallado y que afirmara que el cuerpo no tenía lunares y cicatrices. Esta descripción, que no correspondía con el cuerpo de Bámaca Velásquez, la hizo dudar de la veracidad de tal reporte. La información contenida en el expediente del Juez de Paz era totalmente diferente con respecto al informe de la autopsia practicada por la oficina forense en Retalhuleu respecto del cadáver XX, pues difería la apariencia física, la edad, la altura y la causa de la muerte. Con esa información concluyó que Bámaca Velásquez sí había sido capturado con vida y luego trasladado a una base militar para torturarlo y obligarlo a dar información. También se convenció de que el Ejército ideó un “fraude” para encubrir la situación, enterrando a una persona que asesinaron cerca del río, pero enviando a la URNG la descripción del Comandante Everardo, y que el Procurador Nacional sabía que Bámaca Velásquez no estaba en la fosa cuando canceló la exhumación en Retalhuleu. En el mes de agosto de 1993 se llevó finalmente a cabo la exhumación en Retalhuleu, en la cual estuvieron presentes Patricia Davis, el juez, el administrador del cementerio, “gente del Departamento de Salud”, un funcionario de la Procuraduría Nacional, miembros de prensa, el equipo forense de Guatemala, el especialista doctor Charney, personas de las Brigadas de Paz, el perito que había realizado la primera autopsia del cadáver en 1992 y un grupo numeroso de gente desconocida. Un helicóptero sobrevolaba el lugar y hubo que examinar otros dos cadáveres que estaban enterrados, debido a la cercanía de las fosas. Al encontrar el cadáver correspondiente, le realizaron exámenes para determinar su identidad y los médicos forenses llegaron a la conclusión de que no se trataba de Efraín Bámaca Velásquez. Después de la exhumación, se comunicó con la Embajadora de los