32 Inició un proceso bajo el amparo de la Ley de “Divulgación Libre de Información” ante las autoridades estadounidenses, lo cual le permitió obtener documentos y archivos con información respecto del caso. Inició una tercera huelga de hambre el 12 de marzo de 1995, la cual se extendió por 12 días, hasta que un senador de los Estados Unidos, Robert Torricelli, le comunicó que su esposo había sido ejecutado, después de haber estado prisionero por el Ejército, por orden del Coronel Julio Roberto Alpírez. Después, obtuvo copia de archivos del Departamento de Estado y de la CIA en que se decía que Bámaca Velásquez (Comandante Everardo) había sido capturado y “estaba clandestinamente detenido” y bajo tortura por miembros de la G-2, con el fin de “maximizar su valor de inteligencia”. Obtuvo documentos donde se señalaba como responsable de los abusos a Julio Alberto Soto Bilbao, Mario Ernesto Sosa Orellana y Julio Roberto Alpírez. También consiguió una declaración de Acisclo Valladares, la cual establecía que Bámaca Velásquez había dado información falsa al Ejército y lo había dirigido a una emboscada, lo que había motivado su ejecución. Dentro de los documentos que obtuvo de agencias estadounidenses se encontraba información sobre cárceles clandestinas en Guatemala, donde utilizaban formas de tortura para lograr que los prisioneros trabajasen como informantes para la G-2. En dichos documentos se establecía que habían entre 340 y 360 ex combatientes de la ORPA bajo el control del Ejército. Otro archivo contenía tres teorías sobre la suerte de Bámaca Velásquez: que estaba enterrado bajo la base militar Las Cabañas; que un helicóptero se lo había llevado y lo había tirado al mar y, finalmente, que lo habían llevado a la capital, lo habían torturado por mucho tiempo, y luego lo habían estrangulado y “cort[ado] en pedazos”. Según su opinión, no era posible que Efraín Bámaca Velásquez se hubiera entregado voluntariamente al Ejército, lo cual se ve reforzado por la tortura a la que fue sometido. Utilizó los recursos legales de Guatemala para encontrar a su marido. Su primera acción fue interponer un recurso de exhibición personal en febrero de 1993, el cual no presentó con anterioridad por considerar que su esposo estaba muerto. Ese recurso no ofreció ningún resultado; sin embargo, a raíz de éste obtuvo una nota del Presidente de la Corte Suprema de Justicia en la cual se refería a lo inadecuado de ese recurso para realizar una eficiente investigación. Cuando tuvo oportunidad de ver el expediente de la investigación que se desarrollaba en Retalhuleu, vio que se trataba de un pequeño expediente, sin fotos o evidencias de la escena del crimen y con descripciones contradictorias del cuerpo enterrado como XX en 1992. Debido a las gestiones realizadas por el senador estadounidense Robert Torricelli, se nombró para el caso al fiscal especial Julio Arango. Entre las diligencias que éste llevó a cabo estaba una entrevista a Santiago Cabrera López, así como a un miembro de la G-2, Nery Ángel Urízar García, quien relató que el cadáver de Retalhuleu correspondía a Cristóbal Che Pérez, joven soldado que asesinaron con el fin de hacerlo pasar por Bámaca Velásquez. Asimismo se inició un proceso ante el fuero militar contra varios de los militares mencionados por Cabrera, incluyendo al Coronel Alpírez. A raíz de una acción de jactancia interpuesta por el licenciado Valladares, las autoridades guatemaltecas decretaron una orden de arraigo en su contra con el fin