33 de evitar su salida del país. En 1997 el mismo Valladares interpuso otra acción de jactancia en momentos en que la testigo se disponía a rendir su declaración ante la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Recibió informaciones de la Embajadora de los Estados Unidos de América sobre la posibilidad de que Bámaca Velásquez estuviera enterrado en una base militar denominada Las Cabañas. Así, en 1995 visitaron el lugar y luego iniciaron las gestiones para llevar a cabo la exhumación la que, sin embargo, fue cancelada por iniciativa del fiscal Ramsés Cuestas. Después éste cambió su posición y dijo que la diligencia sería retrasada, pero no cancelada. El día señalado para su realización, un militar, acompañado del licenciado Cintrón Gálvez, les manifestó que “no se [podía] entrar” al establecimiento, en primer lugar, porque el fiscal Arango había sido “impugnado”, y en segundo lugar, por la presencia de la testigo. Esa noche regresaron al hotel y supieron que el propio Presidente de Guatemala había ordenado proceder con la exhumación. Al día siguiente intentaron obtener una autorización del Juez de Paz de Tecún Umán, pero éste “se había escondido”, por temor a colaborar con la diligencia, por lo que tuvo que intervenir el asistente. En esa misma oportunidad, el fiscal Ramsés Cuestas comunicó que únicamente les otorgaba permiso para excavar por un día cuando, según sus proyecciones, se requería un mes para medir y preparar el terreno. Finalmente, fue imposible realizar la exhumación solicitada, debido al peligro que corría la vida del fiscal Arango, quien renunció al cargo en septiembre de 1995. Posteriormente hizo un nuevo intento de exhumación en Las Cabañas, esta vez junto con la nueva fiscal Shilvia Jerez, pero tampoco esta vez se pudo realizar. La nueva fiscal fue asesinada en mayo de 1998. Las autoridades manifestaron que iban “a seguir obstaculizando todo el proceso de exhumación en Las Cabañas [...] hasta que recib[ieran] una amnistía por las pláticas de paz”. Dentro del proceso de búsqueda de justicia en Guatemala, la testigo y sus allegados recibieron amenazas y ataques, así como una campaña de difamación en su contra. Entre los grupos que la apoyaron y recibieron amenazas se encuentran el Grupo de Apoyo Mutuo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una bomba estalló en el edificio de la Escuela Politécnica, mientras ella hacía su primera huelga de hambre. Una agencia gubernamental de los Estados Unidos de América le informó que existían “mensajes claros [provenientes de la] red de contactos en Guatemala, que [afirmaban haber] oído [… a] militares de alto nivel programando […] pagar a alguien” para asesinarla. En enero explotó una bomba en el automóvil de su abogado, José E. Pertierra, en Washington D.C. Además el testigo Otoniel de la Roca ha sufrido hostigamientos y amenazas. Debido al trámite de este caso, tiene deudas que ascienden a los US$35.000,00, pero nunca ha pensado en interponer un juicio civil por los daños recibidos, pues lo que busca es justicia y que le devuelvan los restos de Efraín Bámaca Velásquez. En caso de que obtenga una indemnización como resultado del procedimiento ante la Corte Interamericana, desea que la misma le sea entregada íntegramente a los familiares de Bámaca Velásquez.