34 Hubo “una obstaculización total” de la investigación de este caso en Guatemala y nadie ha sido encontrado responsable. El expediente penal que se tramita en Retalhuleu continúa abierto. c. Testimonio de Julio Arango Escobar, ex fiscal especial para el caso Bámaca Velásquez, abogado guatemalteco, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. El 7 de mayo de 1995 fue asignado como fiscal especial para la investigación del caso Bámaca Velásquez. Al iniciar la investigación, los expedientes se encontraban en la Auditoría de Guerra del Departamento de Retalhuleu y se había dictado, en el fuero militar, un sobreseimiento definitivo a favor de 12 militares. Apeló dicho sobreseimiento ante la Sala de Apelaciones de Retalhuleu y logró que fuese declarado nulo y sin lugar, con lo cual activaba el caso nuevamente. A pesar de esto, no se condenó a oficial alguno. En la justicia ordinaria de Retalhuleu estaba en desarrollo un proceso de averiguación del paradero de Bámaca Velásquez, el cual se encontraba “prácticamente archivado”. Dentro de sus gestiones procuró que se incluyera a Jennifer Harbury como denunciante dentro del proceso, pues el Ministerio Público “había pedido su separación por su condición de extranjera”, sin embargo su petición fue rechazada por los tribunales. Durante la investigación del caso se presentó espontáneamente Nery Ángel Urízar García, miembro de la “inteligencia militar”, quien hizo una descripción de la captura de Bámaca Velásquez. Según le señaló Urízar, una vez identificado Bámaca Velásquez, se trajo de la ciudad de Mazatenango el cuerpo de Cristóbal Che Pérez, miembro del Ejército y amigo de Urízar “a quien se le había desfigurado el rostro [y] se le había puesto el uniforme verde”, a efectos de hacerlo pasar por Bámaca Velásquez). Urízar manifestó que Pérez tenía “una deformidad en la mano derecha que era notoria”, lo cual estaba contenido en la necropsia practicada sobre el cadáver supuestamente levantado en el lugar del enfrentamiento y después enterrado como XX. Este documento estaba en el Departamento Forense y había sido incorporado al proceso ante los Tribunales en Retalhuleu. Precisó, entonces, que la autopsia practicada en Retalhuleu contenía una descripción de un cadáver que no concordaba en lo absoluto con las características de Bámaca Velásquez. Entrevistó a Santiago Cabrera en Washington D.C., quien describió los destacamentos militares donde había visto a Bámaca Velásquez, los lugares y formas en que se le torturaba, y la ocasión “cuando lo montaron a un helicóptero y que ya no se volvió a saber más de él”. Obtuvo un documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, el cual decía que el cadáver de Bámaca Velásquez se encontraba enterrado en el Destacamento Las Cabañas. Con esa información se desplazó hasta ese lugar para realizar una exhumación. El segundo día que visitó ese destacamento se encontró con un gran número de personas, quienes se manifestaban en contra de su presencia ahí. Aún así prosiguieron con los preparativos para realizar la diligencia. Sin embargo, al día siguiente se encontraron a Julio Cintrón Gálvez, Leopoldo Guerra y Julio Contreras, abogados del Ejército, quienes les comunicaron que no podía llevar a cabo la exhumación en razón de la recusación planteada contra su persona, por la presencia de Jennifer Harbury y porque el señor Ramiro de León Carpio, Presidente