de comunicaciones, la vigilancia y los registros judiciales no deben utilizarse si su objetivo es eludir el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes, salvaguardando así las conversaciones, la correspondencia, las pertenencias y la información personal relacionada con su trabajo. E incluso si esta información es obtenida legalmente por las autoridades policiales y judiciales, debe impedirse el uso posterior de la misma 222 . 249. Así como la salvaguarda del periodismo independiente presupone límites claros a la persecución penal, en línea con la evolución jurisprudencial de la Corte IDH en materia de libertad de expresión, la intromisión estatal en otras formas, como a través de actividades de inteligencia, también debe ser contenida. En este último punto radica importante avance promovido por la sentencia del caso CAJAR vs. Colombia. VI. Conclusión 250. El caso CAJAR vs. Colombia abre nuevas vías para la protección de derechos reconocidos de manera inédita en la Sentencia y profundiza entendimientos relevantes de los estándares de protección convencional que se han establecido en las últimas décadas en la jurisprudencia de la Corte IDH. En este sentido, este caso reconoció el derecho a la autodeterminación informativa y el derecho a defender los derechos humanos como derechos autónomos y directamente exigibles. La Corte IDH también abrió nuevos caminos al establecer estándares de protección reforzada para las condiciones de ejercicio profesional de abogados y periodistas, reforzando su entendimiento de la garantía de independencia en los sistemas de administración de justicia. Igualmente importante fue la apertura de la lista de víctimas que posibilitó la innovadora aplicación del artículo 35.2 del Reglamento del Tribunal debido al carácter colectivo de las violaciones, decisión que abre un importante horizonte de posibilidades para futuros desarrollos hermenéuticos. 251. Más que eso, el caso ha mostrado su relevancia al reflejar las tensiones que el desarrollo tecnológico y la amplia circulación de datos traen al plano de la protección de los derechos humanos, creando espacios para que episodios como los retratados en la sentencia se vuelvan recurrentes en los países de la región. De ahí la importancia de que, en un futuro próximo, la Corte Interamericana también dirija su atención hacia nuevas perspectivas de protección, como el derecho a la integridad de los sistemas. 252. Finalmente, es importante destacar el ambicioso y necesario conjunto de reparaciones contenidas en la sentencia. Las medidas otorgadas por la Corte IDH, especialmente las relativas a la reforma de la Ley 1621 de 2013, son un punto de convergencia entre los estándares derivados del derecho a la autodeterminación informativa y la constatación de que las violaciones a las que se ha enfrentado la Corte no son eventos ubicados en momentos específicos de la historia, sino que revelan una dimensión estructural y sistémica. Al promover un examen detallado del marco jurídico que regula las actividades de inteligencia en Colombia, la sentencia consolidó la comprensión histórica del control de convencionalidad desarrollada por 222 Consejo de Europa. Recomendación. No. R (2000) 7 of the Committee of Ministers to member states on the right of journalists not to disclose their sources of information. 61