Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá
Sentencia de 2 de febrero de 2001
(Fondo, Reparaciones y Costas)
En el caso Baena Ricardo y otros,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte
Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Antônio A. Cançado Trindade, Presidente
Máximo Pacheco Gómez, Vicepresidente
Hernán Salgado Pesantes, Juez
Oliver Jackman, Juez
Alirio Abreu Burelli, Juez
Sergio García Ramírez, Juez y
Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez;
presentes, además,
Manuel E. Ventura Robles, Secretario y
Renzo Pomi, Secretario adjunto,
de conformidad con los artículos 29 y 55 del Reglamento de la Corte (en adelante “el
Reglamento”), dicta la siguiente Sentencia sobre el presente caso.
I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA
1.
El 16 de enero de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una
demanda contra la República de Panamá (en adelante “el Estado” o “Panamá”) que
se originó en una denuncia (No. 11.325) recibida en la Secretaría de la Comisión el
22 de febrero de 1994. En su demanda, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o
“la Convención Americana”) y los artículos 26 y siguientes del Reglamento. La
Comisión sometió este caso con el fin de que la Corte decidiera si hubo violación, por
parte de Panamá, de los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos); 2
(Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno); 8 (Garantías Judiciales); 9
(Principio de Legalidad y de Retroactividad); 10 (Derecho a Indemnización); 15
(Derecho de Reunión); 16 (Libertad de Asociación); 25 (Protección Judicial), y 33 y
50.2 de la Convención, como resultado de
los hechos ocurridos a partir del 6 de diciembre de 1990 y especialmente a
partir del 14 de diciembre de dicho año [, fecha] en que se aprobó la Ley
No.25, [con base en la cual] fueron arbitrariamente destituidos de sus cargos
270 empleados públicos que habían participado en una manifestación por