INFORME Nº 44/01
CASO 11.016
EMILIO MOISÉS Y RAFAEL SAMUEL
GÓMEZ PAQUIYAURI
PERÚ
5 de marzo de 2001
I.

RESUMEN

1. El 2 de julio de 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la
“Comisión”, la “Comisión Interamericana” o “CIDH”) recibió una petición presentada por la
señora Marcelina Paquiyauri de Gómez, y ampliada por el Centro de Estudios y Acción para la
Paz (CEAPAZ) (en adelante “los peticionarios”) en contra de la República del Perú (en adelante
“Perú, el " Estado” o el “Estado peruano”) por la detención arbitraria y asesinato de los jóvenes
Emilio Moisés y Rafael Samuel Gómez Paquiyauri por miembros de la Policía Nacional del Perú
ocurridos el 21 de junio de 1991. Los peticionarios alegan que estos hechos constituyen
violación por el Estado peruano a los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad
personal, consagrados en los artículos 4, 5, y 7 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”). El Estado peruano
solicitó que se archivara el presente caso por haber emitido sentencia condenatoria contra los
responsables del homicidio calificado en agravio de Emilio Moisés y Rafael Samuel Gómez
Paquiyauri, que sancionó con pena privativa de la libertad a los responsables y los condenó al
pago de una reparación civil a cada uno de los herederos legales de las víctimas. La CIDH
decide admitir el caso y proseguir con el análisis de fondo del asunto.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

2. El 12 de junio de 1992, la Comisión abrió el caso, transmitió las partes pertinentes de la
denuncia al Estado peruano y le solicitó información para ser presentada dentro de un plazo de
90 días. El Estado respondió el 30 de septiembre de 1992. El 11 de noviembre de 1992 la
Comisión dio traslado a los peticionarios de la respuesta del Estado y les solicitó que
formularan sus observaciones a dicha respuesta dentro de un plazo de 45 días.
3. El 21 de octubre de 1992 el Estado envió una comunicación a la Comisión anexando un
informe del Ministerio del Interior respecto de este caso. El 8 de junio de 1993 el Estado envió
información adicional y el 15 de diciembre de 1993 envió copia de la sentencia condenatoria
emitida por la Corte Superior del Callao, solicitando a su vez que se archivara el presente caso.
El 20 de octubre de 1994 el Estado envió información adicional, de la cual se dio traslado al
peticionario el 17 de noviembre de 1994.
4. El 28 de abril de 1997 el Estado envió información adicional. Los peticionarios presentaron
observaciones a dicha información adicional el 12 de junio de 1997 y el 23 de julio de 1997. El
20 de agosto de 1997 el Estado envió sus observaciones respecto a la última comunicación de
los peticionarios y los peticionarios respondieron el 18 de noviembre de 1997.
5. El 1° de mayo de 2000 la Comisión se puso a disposición de las partes con el objeto de
lograr una solución amistosa. El 21 de junio de 2000 el Estado solicitó una ampliación del plazo
establecido. El 29 de junio de 2000 la CIDH otorgó una ampliación del plazo por 30 días a
partir de la fecha antes indicada. Ninguna de las partes se pronunció sobre la oferta de
solución amistosa formulada por la Comisión.
III.

POSICIÓN DE LAS PARTES

A.

Posición de los peticionarios

6. Alegan que el 21 de junio de 1991 se produjo en la Provincia del Callao un robo a un
vehículo transportador de valores, en razón de lo cual efectivos policiales comenzaron de
inmediato la búsqueda de los asaltantes. A la altura de la Av. La Marina, en la Provincia del
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