4 Convención Americana (artículos 25, 8 y 1(1)), y otros tratados de derechos humanos, atribuyen funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes. 10. Es importante que los avances jurisprudenciales en este sentido, alcanzados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta el presente, sean preservados y aún más desarrollados en el futuro, - y jamás frenados mediante una hermenéutica desagregadora, en beneficio de las personas protegidas. La relevancia del deber de los Estados de proveer recursos internos adecuados y eficaces no hay jamás que ser minimizada. El derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes en el ámbito de la protección judicial - al cual la Declaración Universal 1948 dio proyección mundial - es mucho más relevante de lo que hasta recién se supuso. El deber de los Estados Partes de proveer aquellos recursos en el ámbito de su derecho interno y de asegurar a todas las personas bajo sus jurisdicciones la garantía del libre y pleno ejercicio de todos los derechos consagrados en los tratados de derechos humanos, así como todas las garantías del debido proceso legal, asumen una especial importancia aún mayor, en un continente como el nuestro (comprendiendo las tres Américas), marcado por casuismos que no raramente privan los individuos de la protección del Derecho. III. El Derecho a un Recurso Efectivo en la Construcción Jurisprudencial de la Corte Interamericana. 11. Hace casi una década, en mi Voto Disidente en el caso Genie Lacayo versus Nicaragua (Solicitud de Revisión de Sentencia, Resolución del 13.09.1997)7, procedí a un análisis del contenido material y el alcance del artículo 25 (derecho a un recurso efectivo) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 8(1) (debido proceso legal) de la Convención, así como con los deberes generales (de garantía del ejercicio de los derechos protegidos y de armonización del derecho interno con el derecho convencional internacional) consagrados, respectivamente, en los artículos 1(1) y 2 de la Convención (párrs. 18-23 del referido Voto). Al contrario de lo establecido por la Corte en aquel caso, - la cual abordara estas disposiciones convencionales bajo la óptica de la justicia formal y no material, - concluí por la ocurrencia de una violación, por el Estado demandado, de los artículos 25, 8(1), 1(1) y 2 de la Convención "tomados en conjunto" (párr. 28). 12. En la misma línea de razonamiento, también en mi anterior Voto Disidente en el caso Caballero Delgado y Santana versus Colombia (reparaciones, Sentencia del 29.01.1997)8, desarrollé una hermenéutica integradora de los artículos 8, 25, 1(1) y 2 de la Convención Americana, de nuevo tomándolos en conjunto (párrs. 2-4 y 7-9 del referido Voto), y sosteniendo, al contrario de la Corte, la violación por el Estado demandado de estas cuatro disposiciones convencionales relacionadas inter se. Sobre el derecho a un recurso efectivo bajo el artículo 25 de la Convención, en particular, me permití formular, en mi supracitado Voto Disidente en el caso Genie Lacayo versus Nicaragua, el siguiente señalamiento: "El derecho a un recurso sencillo y rápido y efectivo ante los jueces o tribunales . Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIADH), Serie C, n. 45, Solicitud de Revisión de la Sentencia del 29.01.1997, Resolución del 13.09.1997, pp. 3-25. 7 . 8 CtIADH, Sentencia del 29.01.1997 (reparaciones), Serie C, n. 31, pp. 3-43.