de derechos humanos a través de la aplicación del Derecho en la materia y no la de promover tales derechos, lo que le compete a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos18 ni la de crear normas que perfeccionen el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, lo que corresponde, como se expresó, a los Estados19, y por el otro lado, que es una entidad autónoma en el ejercicio de su función, lo que la obliga a ser extremadamente rigurosa en el respeto de las normas que la regulan, proporcionando así garantía de imparcialidad y seguridad jurídica. Conclusión. Ciertamente, con todo lo señalado no se está sosteniendo que el mecanismo de supervisión del cumplimiento de sentencias consagrado en el Reglamento no sea útil o aún, en ciertos casos, eficaz. Tampoco se está afirmando que no sea procedente o que contradiga lo dispuesto por la Convención o el Estatuto. Lo que se está, por el contrario, afirmando es que, por una parte, que su aplicación no exime a la Corte de cumplir la obligación prevista en los artículos 65 de la Convención y 30 del Estatuto y, por la otra, que él ha sido establecido precisamente para poder cumplir esta última. Téngase presente, a ese respecto que supervisar implica “ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros”20, por lo que corresponde a la Corte en esta materia es sencillamente, como lo dispone, por lo demás, el Reglamento21, es informarse, a través en particular de la petición de informes sobre el cumplimiento de las sentencia y “[u]na vez que … cuente con la información pertinente, determinará el estado del cumplimiento de lo resuelto y emitirá las resoluciones que estime pertinentes”. Ese y no otro, es y debe ser el 18 Art. 41 de la Convención: “La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos; c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones; d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos; e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten; f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.” 19 Ver Nota Nº 9. 20 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, edición 2001. 21 Art. 69. 9