-86derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran ocurriendo. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho285. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”286, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de jus cogens287. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida288. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí289. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado290. 299. La obligación de investigar “no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte, sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas”291. Así, corresponde a los Estados Parte disponer, de acuerdo con los procedimientos y a través de los órganos establecidos en su Constitución y sus leyes292, qué conductas ilícitas serán investigadas de oficio y regular el régimen de la acción penal en el procedimiento interno, así como las normas que permitan que los ofendidos o perjudicados denuncien o ejerzan la acción penal y, en su caso, participen en la investigación y en el proceso. Para demostrar que es adecuado determinado recurso, como puede ser una investigación penal, será preciso verificar que es idóneo para proteger la situación jurídica que se supone infringida293. 285 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 68, párr. 142; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá,supra nota 20, párr. 115; y Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, supra nota 32. párr. 110. 286 Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 72, párr. 157. Ver también Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay,supra nota 48, párr. 128. 287 Por ejemplo, en el caso La Cantuta, se determinó que “la prohibición de la desaparición forzada de personas y el correlativo deber de investigarla y sancionar a sus responsables han alcanzado carácter de jus cogens”. Cfr. Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 72, párr. 157. 288 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 68, párr. 145; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 20, párr. 115; y Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 72, párr 110 289 Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay,supra nota 48, párr. 88. 290 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 33, párrs 166 y 176; Caso Godínez Cruz, Fondo, supra nota 100, párr. 175; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú, supra nota 75, párr. 102; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra nota 36, párr. 119; Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 147; Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 23, párr. 297. 291 Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador, supra nota 48, párr. 104. 292 Cfr. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 32. 293 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra nota 33, párr. 64.