-46- 157. Sin embargo, el hecho de que en diversos discursos oficiales de altos funcionarios se relacionara a Globovisión, en particular a sus dueños y directivos, con actividades terroristas o con el golpe de Estado de 2002, colocó a quienes trabajaban para este medio de comunicación particular en una posición de mayor vulnerabilidad relativa frente al Estado y determinados sectores de la sociedad. 158. La auto-identificación de todas las presuntas víctimas con la línea editorial de Globovisión no es una conditio sine qua non para considerar que un grupo de personas, conformado por personas vinculadas con ese medio de comunicación social, se vieran enfrentadas, en mayor o menor grado según el cargo que desempeñaban, a una misma situación de vulnerabilidad. De hecho, no es relevante ni necesario que todos los trabajadores de Globovisión tuviesen una opinión o posición política concordante con la línea editorial del medio de comunicación. Es suficiente la mera percepción de la identidad “opositora”, “golpista”, “terrorista”, “desinformadora” o “desestabilizadora”, proveniente principalmente del contenido de los referidos discursos, para que ese grupo de personas, por el solo hecho de ser identificables como trabajadores de ese canal de televisión y no por otras condiciones personales, corrieran el riesgo de sufrir consecuencias desfavorables para sus derechos, ocasionadas por particulares. 159. No ha sido demostrado que los particulares involucrados en actos de agresión contra las presuntas víctimas hubiesen reivindicado o proclamado, de algún modo, contar con apoyo oficial o instrucciones de algún órgano o funcionario estatal para cometerlos, aún en los casos en que utilizaban determinados signos externos (vestimenta o indumentaria alusiva al gobierno). Además, no fue aportada prueba acerca de la identidad de esas personas, ni de su motivación para cometer tales hechos, por lo que no hay elementos para considerar que sus acciones no les fueran atribuibles a ellos mismos, en su condición de individuos. 160. No obstante, en los contextos en que ocurrieron los hechos del presente caso (supra párr. 132 a 137), y al observar la percepción que de ese medio de comunicación han expresado tener autoridades estatales y ciertos sectores de la sociedad, es posible considerar que dichos pronunciamientos de altos funcionarios públicos propiciaron, o al menos contribuyeron a acentuar o exacerbar, situaciones de hostilidad, intolerancia o animadversión por parte de sectores de la población hacia las personas vinculadas con ese medio de comunicación. El contenido de algunos discursos, por la alta investidura de quienes los pronunciaron y su reiteración, implica una omisión de las autoridades estatales en su deber de prevenir los hechos, pues pudo ser interpretado por individuos y grupos de particulares de forma tal que derivaran en actos de violencia contra las presuntas víctimas, así como en obstaculizaciones a su labor periodística. 161. La Corte considera que en la situación de vulnerabilidad real en que se encontraron las presuntas víctimas para realizar su labor periodística, conocida por las autoridades estatales, algunos contenidos de los referidos pronunciamientos son incompatibles con la obligación estatal de garantizar los derechos de esas personas a la integridad personal y a la libertad de buscar, recibir y difundir información, al haber podido intimidar a quienes se hallaban vinculados con ese medio de comunicación y constituir falta al deber de prevenir situaciones violatorias o de riesgo para los derechos de las personas. otras subsecuentes declaraciones de aprobación oficial, aún muy significativas en otros contextos que serán analizados brevemente, no alteran el carácter inicialmente independiente y no oficial del ataque de los militantes a la Embajada” (traducción de la Secretaría). Cfr. ICJ, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), Judgment of 24 May 1980, I.C.J. Reports 1980, p. 3, párr. 59..