comprenda en las disposiciones sólo aquellos casos en que acumulativamente se cumplan los
siguientes requisitos: a) ser ahorrista de los Bancos de Montevideo o Caja Obrera; b) cuyos
depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones y c) sin mediar su consentimiento.
Según las peticionarias, el grupo de ahorristas que representan depositó los ahorros en el exBanco de Montevideo y los ahorros fueron desviados sin su consentimiento hacia una
Institución del mismo Grupo Económico (Grupo Peirano) con sede en el extranjero denominado
T.C.B. y que no tenía autorización para captar ahorro público en la República Oriental del
Uruguay.
13. Las peticionarias afirman que el último recurso interno que tuvieron fue acudir al poder
legislativo para que se reconocieran sus derechos. Así, los ahorristas impulsaron la aprobación
de un proyecto de ley para que se declarara, por vía interpretativa, que estaban conferidos en
la facultad comprendida al Banco Central del Uruguay en el artículo 31 de la Ley 17.613. Las
peticionarias aseguran que pese a que el proyecto fue aprobado en primer debate, el 4 de
mayo de 2004, la Cámara de Diputados negó definitivamente la proposición.
14. Las peticionarias declaran que el Banco Central del Uruguay, el Ministerio de Economía y
Finanzas y los Poderes Ejecutivo y Legislativo no sólo violaron el derecho de propiedad de los
ahorrista con actos directos, sino que omitieron el deber de garantizar el pleno ejercicio del
derecho de propiedad de los ahorristas, impidiendo la reparación de las violaciones cometidas
por el Banco de Montevideo, propiedad de un grupo familiar conocido como Grupo Peirano,
quien cometió una estafa de idénticas características contra ahorristas uruguayos en el año
1972. La inoperancia y pasividad cómplice de las autoridades, respecto a los ahorristas del
Banco de Montevideo, afirman las peticionarias, cuyos ahorros fueron desviados al exterior sin
su consentimiento, les perjudicó, lesionó y afectó directamente con múltiples violaciones de los
derechos humanos, en especial de los derechos de propiedad, de igualdad y a la vida.
B.

Posición del Estado

15. El Estado solicitó que la denuncia fuera declarada inadmisible debido a que “no se han
agotado los recursos de la jurisdicción interna, ni a nivel de la justicia administrativa ni de la
justicia civil”. Además, el Estado argumentó que no tuvo ningún tipo de responsabilidad por los
hechos descritos y que sus autoridades administrativas, legislativas y judiciales adoptaron las
medidas legales pertinentes para solventar la situación y resolver las peticiones presentadas por
los inversores, por lo cual no se produjeron las supuestas violaciones.
16. El Estado señaló, como cuestión previa y de especial pronunciamiento, lo siguiente:
a) Quienes subscribieron la denuncia (...) son inversores en participaciones de
certificados de depósito emitidos por un banco constituido y radicado en Islas
Caimán, denominado Trade & Commerce Bank, el cual no era supervisado ni
controlado por el Banco Central del Uruguay6.
b) La participación de dichos certificados de depósito era una más de las
variadas inversiones que ofrecía el Banco de Montevideo S.A.
c) Dicha inversión era realizada por cuenta y riesgo del cliente.
d) El emisor de los certificados de depósito, obligado al cumplimiento de las
obligaciones que de los mismos se derivaban, era una institución controlada por
la autoridad competente de Islas Caimán.
e) Banco de Montevideo S.A. era una institución de intermediación financiera,
sujeta al control y supervisión del Banco Central del Uruguay, la que, por
6

Las peticionarias respondieron “No somos inversores sino ahorristas del Banco de Montevideo” nuestros ahorros
fueron desviados sin nuestro consentimiento y conocimiento al T.C.B. (que nunca existió y nunca tuvo autorización
para captar ahorro público en nuestro país)”. El Juez del Juzgado Letrado en lo Penal de 8º, donde se procesó con
prisión a cuatro ex-gerentes del Banco de Montevideo, señalo: “el T.C.B. nunca existió ya que era una ficción jurídica y
era el instrumento para propiciar el fraude. Su contabilidad se llevaba en una oficina secreta en Zona Franca de
Montevideo y no poseía soporte físico hasta septiembre de 2001”.
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