INFORME Nº 90/06 1
PETICIÓN 731-03
ADMISIBILIDAD
JOSÉ ADRIÁN ROCHAC HERNÁNDEZ
EL SALVADOR
21 de octubre de 2006
I.

RESUMEN

1.El 11 de septiembre de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante "la Comisión Interamericana" o "la CIDH") recibió una denuncia presentada por la
Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Asociación Pro-Búsqueda), (en
adelante "los peticionarios"), en la cual se alega la responsabilidad internacional de la República
de El Salvador ("el Estado") por la desaparición forzada del niño José Adrián Rochac Hernández
y por la posterior falta de investigación y reparación de tales hechos. Los peticionarios alegan
que los hechos denunciados configuran la violación de varios derechos consagrados en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos ("la Convención Americana"): derecho a la
integridad personal (artículo 5); a la libertad personal (artículo 7); a las garantías judiciales
(artículo 8); a la protección de la familia (artículo 17); al nombre (artículo 18); derechos del
niño (artículo 19); y derecho a la protección judicial (artículo 25), todo ello en violación del
deber general de respetar y garantizar los derechos (artículo 1.1).
2.Conforme a la denuncia, el 12 de diciembre de 1980, José Adrián Rochac Hernández, de
cinco años de edad, habría sido capturado por militares integrantes de la Fuerza Aérea de El
Salvador y por integrantes de los grupos paramilitares de la zona de San Martín, durante un
operativo realizado en el cantón San José Segundo, jurisdicción de San Martín, en el
Departamento de San Salvador. Desde entonces, a casi 25 años de ocurridos los hechos, se
desconoce el paradero del niño. Todas las gestiones realizadas ante las autoridades para
esclarecer los hechos, incluyendo una denuncia penal y un habeas corpus, han resultado
infructuosas.
3. El Estado sostiene que los recursos internos no se encuentran agotados. El Estado señala
que la Fiscalía inició las investigaciones del caso y que dicha investigación sigue su curso y que
debe profundizarse más para determinar las circunstancias del caso. El Estado señala
asimismo, que el recurso de habeas corpus fue interpuesto 20 años después de ocurridos los
hechos, y que fue rechazado por falta de antecedentes que demostraran la desaparición. Alega
también, que existía durante el conflicto armado interno la posibilidad de presentar la denuncia
por las desapariciones a la Comisión Gubernamental de Derechos Humanos y al Comité
Internacional de la Cruz Roja, y que ésta nunca fue hecha en relación con el niño. Por lo tanto,
solicita que la CIDH declare la inadmisiblidad del caso por falta de agotamiento de los recursos
internos. El Estado señala adicionalmente, que la CIDH es incompetente puesto que el derecho
aplicable durante el conflicto armado era el Derecho Internacional Humanitario, y que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos es incompetente para conocer del caso, debido a la
reserva que el Estado de El Salvador hizo al aceptar la competencia contenciosa de la Corte.
4.Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que el caso es
admisible, pues reúne los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención
Americana. La Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con
el análisis de fondo relativo a las supuestas violaciones de la Convención Americana, publicar
esta decisión e incluirla en su informe Anual para la Asamblea General de la OEA.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5.La Comisión Interamericana asignó el número 731-03 a la petición y solicitó información al
Estado salvadoreño sobre las partes pertinentes de la denuncia el 24 de diciembre de 2003. El
Estado respondió el 5 de marzo de 2004. El 22 de abril de 2004, los peticionarios presentaron
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El Comisionado Florentín Meléndez, nacional de El Salvador, no participó en la consideración o votación de este caso
de conformidad con el artículo 17.2.a del Reglamento de la CIDH.
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