las observaciones a la información del Estado, y el Estado respondió el 15 de febrero de 2005,
presentando observaciones adicionales.
III.

POSICIONES DE LAS PARTES

A.

Los peticionarios

6.La denuncia recibida en la CIDH alega que José Adrián Rochac Hernández fue víctima de
desaparición forzada, presumiblemente a manos de integrantes de la Fuerza Aérea de El
Salvador y de integrantes de grupos paramilitares de la zona de San Martín. Los peticionarios
alegan que este caso se enmarca dentro de un patrón de desaparición de niños y niñas durante
el conflicto armado. Respecto a los hechos del caso, los peticionarios sostienen lo siguiente:
El día doce de diciembre de 1980, como a eso de las nueve de la mañana entró un operativo
militar al Cantón San José Segundo, del Municipio de San Martín; el operativo lo integraban
paramilitares de la zona de San Martín y efectivos de la Fuerza Aérea de El Salvador (FAES) al
mando del General Rafael Bustillo. En el cantón San José Segundo vivía la familia Hernández
Rochac. En ese momento se encontraban en la casa de habitación la señora María Silverio
Rochac de 38 años y sus seis hijos, Sergio Antonio, de 12 años; María Juliana, de diez años;
María Del Tránsito, de ocho años, José Adrián Rochac, de cinco años; Ana Margarita de tres
años, y Nicolás Alfonso de seis días de nacido, todos de apellido Rochac Hernández.
Por su seguridad y ante el operativo que se desarrollaba, la familia Rochac Hernández decidió
mantener las puertas de su casa cerradas. Los soldados y paramilitares que realizaban el
operativo llegaron a la casa de habitación de la familia Rochac Hernández, rompieron las
puertas y preguntaban por las armas, enseguida golpearon a la señora María Silverio y
posteriormente la sacaron de la casa y el niño Sergio Antonio que era muy apegado a su
madre se fue junto a ella. A ambos los llevaron como a 30 metros de distancia de la casa, en
donde les dispararon, asesinándolos en el momento. Luego se retiraron del lugar, llevándose al
niño José Adrián, por lo cual quedaron solas las tres hermanas y el niño de seis días de nacido.
Los soldados y paramilitares salieron con dirección a San Bartolomé Perulapía, a la altura de
Santa Elena que se ubica sobre la carretera a Suchitoto, se encontraban camiones del ejército
esperando a los soldados.
Como a cinco metros de distancia de la casa de la familia Rochac Hernández, se encontraba la
señora Dolores López Beltrán, quien observó cuando el niño José Adrián Rochac Hernández,
que se veía afligido, era conducido por soldados de la Fuerza Aérea salvadoreña. Cerca del
lugar donde esperaban los camiones del Ejército, a la orilla de la carretera, vivía como
desplazada la señora Jesús Beltrán (fallecida), quien vio al niño y lo conoció porque era
familiar lejano; posteriormente observó cuando lo subieron a uno de los camiones. Desde
entonces se desconoce su paradero. Una de las personas involucradas tanto en el operativo
como en las acusaciones vertidas contra la familia Rochac Hernández, era el señor Rodolfo
López Miranda (fallecido), quien en esa época era miembro de los cuerpos paramilitares de
San Martín.
7.Los peticionarios alegan que en El Salvador no existen recursos eficaces para encontrar a los
niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado. Señalan que durante la guerra, los
familiares de las presuntas víctimas no acudían a denunciar las violaciones porque muchas
familias seguían huyendo de los operativos militares y por el miedo de que al denunciar los
hechos, las autoridades los vincularan con simpatizantes de la guerrilla. Por lo tanto, durante
este período no existía ningún recurso viable. Luego, la ley de amnistía dictada en 1993, ha
hecho imposible cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en materia de
investigación de las violaciones a los derechos humanos. Por último, señalan que el recurso
dehabeas corpus, que debería ser el adecuado para los casos de desaparición forzada, no es
eficaz en El Salvador.
8.A pesar de lo anterior, los peticionarios señalan que han acudido a diversas instancias, las
cuales han sido ineficaces e insuficientes. El 29 de mayo de 1996, el padre del niño, señor
Alfonso Hernández Herrera, acudió a la Asociación Pro- Búsqueda, y el 31 de mayo del mismo
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