homologó el contrato con el Consejo Municipal, se indica por otra parte que en los informes
de auditoría no habrían encontrado responsabilidad penal contra la citada, quien no habría
autorizado pago alguno a favor de la citada empresa y cumplido con la paralización de pagos
a solicitud de la Minuta de Comunicación No. 095/99 de 5 de octubre de 1999, habiéndose
reprogramado los cheques para su cancelación a la empresa GADER, por los que se establece
que no existirían suficientes indicios de culpabilidad en relación a los delitos de estafa,
asociación delictuosa y conducta antieconómica imputados
293. La Comisión observa que las pruebas analizadas en el Auto Final de la Instrucción de 18 de
enero de 2007, constaban en el expediente desde el inicio de la investigación en el año 2000 y que el 15 de
diciembre de 2011, cuando el Juzgado de Instrucción en lo Penal Liquidador de la capital dictó el
sobreseimiento definitivo a favor de la señora Andrade Salmón, se basó en la falta de presentación de pruebas
nuevas por parte de la Municipalidad de La Paz. En consecuencia, si bien el Estado ha solicitado a la Comisión
que considere la complejidad del caso y la existencia de numerosos imputados, a la hora de analizar la posible
violación del artículo 8 de la Convención, el Estado no ha probado que el caso fuera especialmente complejo
en lo que se refiere a la presunta participación de la señora Andrade en la presunta comisión del delito, y que
esta complejidad hubiera tenido como resultado una demora de más de 11 años y casi 8 meses en resolver el
caso.
294. La Comisión observa, igualmente, conforme a los hechos probados que el proceso penal
comprendía un número plural de procesados, alrededor de 18 personas (entre ellas la señora Andrade
Salmón), y que si bien los imputados pudieron haber presentado una multiplicidad de excepciones e
incidentes procesales, estos se encontraban previstos por la normativa interna. Adicionalmente, la Comisión
recuerda que es el juez interno, como autoridad competente para dirigir el proceso, quien tiene el deber de
encauzarlo, de modo a que se restrinja el uso desproporcionado de acciones que pueden tener efectos
dilatorios.314
El derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de
modo a evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad,
frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos.315
295. La Comisión nota, en relación a la actuación de las autoridades judiciales, que si bien el 9 de
mayo de 2000 la señora Andrade solicitó al Juez Tercero de Instrucción de lo Penal que el asunto retornara al
Ministerio Público por cuanto se había vulnerado el procedimiento de sorteos, a la Comisión no le consta que
este requerimiento hubiera sido contestado. No obstante, el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de lo
actuado en el proceso el 23 de octubre de 2000 por la falta de sorteo del proceso y de las medidas cautelares,
al resolver un recurso presentado por otro co-imputado, con lo cual el proceso se tuvo que retrotraer hasta su
etapa inicial. En consecuencia, la Comisión nota que se perdieron casi 5 meses en la tramitación del
procedimiento por la actuación deficiente de las autoridades judiciales.
296. La Comisión nota, igualmente, que el 21 de enero de 2004 se volvieron a anular los obrados
hasta el auto final de instrucción de 24 de agosto de 2002, es decir, se retrotrajo el procedimiento un año y
casi 5 meses. Adicionalmente, la Comisión desea resaltar que de la información que obra en el expediente se
desprende que no hubo actividad procesal significativa por parte del Estado desde el 13 de agosto de 2005,
fecha en que se denegó la extinción de la acción penal a la señora Andrade y a otros co imputados, y el 18 de
enero de 2007, fecha en que se dictó Auto Final de la Instrucción, sobre el cual se decretó el sobreseimiento
provisional a favor de la señora Andrade.
314
Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie
C No. 101, párr. 207.
315
Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie
C No. 101, párr. 210;
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