9 22. Que adicionalmente, este Tribunal recuerda lo establecido en el párrafo 139 de la Sentencia respecto al cumplimiento de la presente obligación, en el sentido que el Estado debe asegurar que los familiares de las víctimas tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de las investigaciones, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana, y que los resultados de las investigaciones sean públicamente divulgados por el Estado, de manera tal que la sociedad venezolana pueda conocer la verdad acerca de los hechos del caso. * * * 23. Que respecto a la obligación de llevar a cabo inmediatamente todas las actuaciones necesarias y adecuadas para garantizar de manera efectiva la ubicación y entrega, en un plazo razonable, de los cuerpos de José León Ayala Gualdrón y Edgar José Peña Marínel (punto resolutivo octavo de la Sentencia), el Estado indicó que “ha realizado todas las diligencias necesarias y adecuadas para garantizar […] la entreg[a] de los cuerpos de las dos víctimas a sus familiares”. Añadió que “los cuerpos de [las víctimas] fueron ubicados en el Municipio Guaicaipuro, Los Teques[,] Estado Miranda[,] y que dichas víctimas se encontraban inhumadas desde el año 1992 en el Cementerio Municipal de San Pedro de los Altos”. El Estado destacó que el 19 de diciembre de 2007 y el 16 de julio de 2008, “se cit[ó] a los familiares de las víctimas a los fines de coordinar lo relacionado a la exhumación y entrega de los cuerpos y que […] los familiares de las víctimas no se presentaron ante el Despacho Fiscal”. De acuerdo con el Estado, próximamente, “el Fiscal comisionado hará un [nuevo] llamado a las víctimas[ s]upervivientes[, familiares] de los fallecidos, a los efectos de que aporten la denominada información pre-mortem y así proceder a realizar las correspondientes exhumaciones para la entrega de los cuerpos”. “De acuerdo con información aportada por el Ministerio Público, la Unidad de Investigaciones Genéticas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se encuentra preparada para tomar las muestras y producir el banco de datos genéticos que siempre resulta necesario para patentizar los hechos”. Así, “[e]l Ministerio Público ha informado que la [e]xhumación alcanzará un término máximo de 2 meses, mientras que la identificación y entrega de los cuerpos, […] podrá ser alcanzada a mediados de junio del año 2010”. 24. Que en cuanto a la ubicación y entrega de los cuerpos de las víctimas, los representantes señalaron que las primeras solicitudes de comparecencia mencionadas por el Estado fueron recibidas el 27 de diciembre de 2007, es decir, “se hicieron en medio de las festividades navideñas, época en que la mayoría de las personas tom[a] su período vacacional”, razón por la cual informaron a la Fiscalía telefónicamente que dos de las tres personas citadas “se encontraban en ciudades del interior del país, […] por lo que se les hacía imposible acudir el día 28 de diciembre de 2007 a la [misma]”. Igualmente, precisaron que los familiares de las víctimas comparecieron ante el Ministerio Público el 16 de julio de 2008 y que “dichas entrevistas se centraron en la descripción de rasgos fis[o]nómicos de las víctimas fallecidas”. Concretamente, los representantes destacaron que el 26 de agosto del 2008 y recientemente, el 24 de septiembre de 2009, “los familiares de las víctimas y su representante solicitaron [ante la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República], la práctica de la prueba de ADN como la prueba más confiable para que estas identificaciones puedan ser realmente adecuadas”. Sin embargo, hasta la fecha, “la Fiscalía Trigésima no ha recibido respuesta de [dicha] Dirección […] y tampoco consta en el expediente que se hayan realizado tales diligencias”. Además, para los representantes, “el hecho de que el Estado indique que los procesos de exhumación no se iniciarán hasta que los familiares no aporten los datos requeridos resulta inaceptable[,] ya que[…] tales datos ya han sido aportados por los familiares en reiteradas oportunidades”. Asimismo, los representantes resaltaron que “la Fiscalía Trigésima (30°) con Competencia