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presuntas víctimas tendrían que haber substanciado recursos de apelación o reposición y,
posteriormente de casación y queja, para revertir la decisión judicial que habría tenido presente los
alegatos de cumplimiento hechos valer por el municipio. El Estado añade que, aunado a los recursos
señalados, los peticionarios contaban también con el recurso de protección, consagrado en la
Constitución Política de la República de Chile, contra actos u omisiones que consideraran violatorios
de sus derechos fundamentales.
5.
Respecto a los profesores de los demás municipios que han sido señalados como
presuntas víctimas por los peticionarios, el Estado alega la inadmisibilidad del reclamo indicando
que se trata de una simple enunciación generalizada.
6.
De acuerdo a lo previsto en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, así
como en los artículos 30 y 36 de su Reglamento, y luego de analizar las posiciones de las partes, la
Comisión decidió declarar admisible la petición en relación a las presuntas violaciones a los artículos
5 (integridad personal), 8.1 (garantías judiciales), 21 (derecho a la propiedad privada) y 25 (protección
judicial) con relación al 1.1 (obligación de respetar los derechos) y al 2 (deber de adoptar
disposiciones de Derecho interno) de la Convención Americana, pero no respecto del artículo 26 del
mismo instrumento. La Comisión decidió igualmente notificar esta decisión a las partes, publicarla
e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

7.
La denuncia fue presentada por los peticionarios ante la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión el 23 de noviembre de 2005. La CIDH inició el trámite de la petición el 8 de mayo de 2006,
cuando transmitió al Estado las partes pertinentes de la petición y le solicitó que presentara una
respuesta dentro del término de 2 meses. En comunicación del 27 de julio de 2006, el Estado solicitó
una prórroga y, mediante nota 273 del 9 de agosto de 2006, presentó sus observaciones, mismas
que fueron trasladadas a los peticionarios el 29 del mismo mes.
8.
Los peticionarios presentaron observaciones e información adicional mediante
comunicaciones del 8 de agosto de 2006, 20 de febrero de 2007, 22 de diciembre de 2008 y 6 de julio
de 2009, que fueron debidamente trasladadas al Estado. Por su parte, el Estado presentó
observaciones adicionales mediante comunicaciones del 26 de abril de 2007 y 29 de agosto de 2008,
las cuales fueron debidamente trasladadas a los peticionarios. La Comisión, en comunicación del 18
de mayo de 2010, solicitó a los peticionarios información específica respecto al agotamiento de los
recursos internos en los casos de las Municipalidades de Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y
Cauquenes, misma que fue presentada el 21 de enero de 2011 y trasladada al Estado el 22 de marzo
del mismo año, para sus observaciones.
9.
Por otra parte, el 10 de marzo de 2008, dentro del marco del 131° periodo ordinario
de sesiones de la Comisión, se llevó a cabo una audiencia pública respecto de la presente petición
en la que participaron tanto los peticionarios como el Estado y, el 26 de octubre de 2011, durante el
143° periodo ordinario de sesiones se llevó a cabo una reunión de trabajo entre las partes.
III.

POSICIONES DE LAS PARTES

A.

Posición de los peticionarios

10.
Según el relato de la petición, con base en dos decretos con fuerza de ley de 1979 y
1980, el Estado de Chile transfirió al Sector Municipal a los docentes que prestaban servicios en
establecimientos educacionales dependientes del Ministerio de Educación, hecho acontecido el 19
de agosto de 1981. La medida fue una decisión política del Gobierno Militar de la época, fundada en

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